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Comentarios de Carlos Lavore a la publicación "Recuperar el territorio y la vida"

Categorías: Eventos, Así lo decimos

Municipio de La paz, BCS, donde sobra el oro y falta el agua, miles de hectáreas fueron concesionadas para minería tóxica en la Reserva de la Biósfera de Sierra de la Laguna. Son detenidas en su operación por la acción del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida y otras organizaciones. Años antes impidieron que el manglar La Balandra fuera destruido por un desarrollo turístico y se declarara Área Natural Protegida. En la región del volcán El Chichonal, Chiapas, pueblos y comunidades zoques han paralizado la extracción de hidrocarburos y de mineral a cielo abierto, así como la construcción de hidroeléctricas destinadas a proporcionar agua y energía a los proyectos de muerte. En Sonora, las tribus yaquis mantienen una lucha de larga data por el agua del río Yaqui y de la Presa La Angostura. En Lomas de Bacum acaban de ganar un litigio por el paso de un gasoducto pegado al poblado, que tendrá que cambiar su trazo. Los habitantes de San Miguel del Progreso, Guerrero, acompañados por Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, consiguieron la cancelación de dos concesiones mineras y pusieron en cuestión a la Ley Minera. 

En el Itsmo de Tehuantepec, pueblos y comunidades resisten el despojo de que son objeto por las empresas de energía eólica coludidas con los gobiernos de turno. En la Sierra Norte de Puebla, con 160 mil hectáreas concesionadas para minería tóxica en zona de afluentes y 14 hidroeléctricas proyectadas, hay una resistencia integral de pueblos y comunidades. Debe destacarse el trabajo de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, bajo hostigamiento, con propuestas alternativas de desarrollo comunitario y protección de los recursos naturales. Las comunidades zapatistas configuran otra forma de entender las relaciones sociales, la organización política, el respeto a la naturaleza y la recreación de la cultura. El movimiento Sin Maíz no hay País está resistiendo de manera ejemplar la penetración de transgénicos y agrotóxicos, contra empresas y gobiernos. Milpillas, El Zapotillo, La Parota, Cherán, apicultores de Yucatán, Atenco, Wiricuta, etc….

Este puñado de ejemplos son una muy pequeña parte del mosaico de resistencias y propuestas que se extiende en el territorio nacional, confrontando con el modelo hegemónico, la estructura institucional vigente y el relato mediático. Ellos son invisibles para la mayoría de la sociedad, ningún partido político representa sus intereses y, por supuesto, ninguna corporación de la comunicación le brinda espacio. Y, sin embargo, en ese mosaico se encuentra el anclaje para un país de iguales. En el territorio y en las organizaciones que pugnan por derechos sociales y por otra institucionalidad.

¿Cuál es el fondo de esta resistencia?  América Latina, y México en particular, contienen una gran reserva de recursos naturales y de biodiversidad, y también tienen abundante mano de obra. Si históricamente esta riqueza ha sido objeto del deseo, hoy se convierte en crucial para los países desarrollados y el poder global.

Algunos datos. La humanidad consume una vez y media lo que el planeta puede dar. Sólo 23% de su superficie es virgen, hace un siglo era 85%. Lo recursos energéticos se están agotando. De cada siete barriles de petróleo consumidos, se descubre uno y de él depende el 95% del transporte mundial. Metales no renovables, bosques, fauna, hielo, tienen un horizonte de ruptura de sustentabilidad planteado hacia 2050.

Consecuencias. En México 30% del territorio nacional está concesionado. Según CAMIMEX, la minería tiene utilidades anuales del orden de 13 mil millones de dls y le dejan al país menos del 1%. Agua está concesionada en volúmenes inimaginables para distintos usos, con sobrexplotación de aguas superficiales y subterráneas y contaminación de afluentes. La explotación de hidrocarburos tiene prioridad sobre más de 240 mil km2 de superficie terrestre y marina; en marzo de 2018 se abrieron a licitación nueve áreas para fractura hidráulica en Tamaulipas y una en Coahuila.

35 mil personas desplazadas en 2017 por violencia de distinto tipo. 30 mil asesinatos. 13 personas desaparecen cada día. 7 mujeres asesinadas por día, un delito sexual cada minuto. 20 millones de niñas y niños en la pobreza (CONEVAL, 2018).

A este despojo, siempre acompañado de violencia, corrupción e impunidad, se resisten pueblos, comunidades y organizaciones sociales.

¿Qué hay detrás del despojo? Una hegemonía con alta concentración de poder económico financiero, político institucional y mediático, a nivel global, de la región latinoamericana y de México.

Sólo en México, cuatro grupos de bancos controlaron en 2017 el 70% de los activos financieros. Black Rock, la administradora de fondos más importante del mundo, es el principal inversionista en la BMV, tiene presencia en América Móvil, Cemex, Femsa, Pemex, entre otros, y acaba de comprar la Impulsora de Fondos Citibanamex.

Según Esquivel, menos del 1% tiene el 43% de la riqueza y cuatro mexicanos tienen el equivalente al 9% del PBI (Oxfam, 2014). Un trabajo reciente del Consejo Nacional de Universitarios consigna que el narcotráfico genera 600 mil millones de pesos al año (las remesas equivalen a 22 mil millones dólares).

El aparato del Estado es parte del andamiaje neoliberal y está configurado para facilitar el despojo, en las instituciones, las normas, las representaciones políticas y con penetración del crimen organizado. Opera a favor del interés privado. Veremos, en el futuro inmediato, cual es la naturaleza de los cambios que se anuncian y como se traducen en una reconfiguración de Estado, régimen y gobierno.

Las corporaciones mediáticas son las constructoras del sentido común neoliberal, del libre mercado como modelo inevitable en la determinación de la vida, las relaciones y la cultura, donde el individualismo es el mayor atributo humano y el consumismo la principal pauta cultural y de comportamiento.

Este poder instituido disfraza a la muerte de progreso y desarrollo. Agua, aire, suelo, subsuelo, mares, fuerza de trabajo, todo es mercancía destinada a circular libremente en el mercado global, no importa el costo social, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. No importa la soberanía.

“La lucha por una patria de iguales, con justicia, libertad y soberanía es la lucha por el territorio y por la vida digna de las personas que lo habitan.” 210 propuestas por un México de   iguales.

El modelo impuesto bajo la premisa del libre mercado, se despliega con los cuatro jinetes del neoliberalismo: despojo, violencia, corrupción e impunidad, conducidos por el poder hegemónico descripto. Desarticular ese poder es condición para contrarrestar los efectos sobre territorio, ciudades y comunidades, sobre la vida misma.

Tres aspectos constituyen el soporte de un proceso de cambio integral y sostenido desde una perspectiva igualitarista y emancipatoria: la historia y la cultura, las resistencias y propuestas locales y la democratización de lo público con plena participación social organizada, sin simulaciones.

La recuperación del territorio y la vida digna constituye la médula de un país de iguales y requiere asumir que la totalidad de los bienes y recursos naturales, así como su aprovechamiento, tienen valor estratégico y deben estar bajo control directo y soberano del Estado en función del interés colectivo, para lo cual se deben revertir las reformas constitucionales que privilegian el interés privado, en particular los artículos 27, 28 y 25, y cambiar el conjunto de leyes y normas reglamentarias que los regulan, en todos los casos con la participación de comunidades y organizaciones sociales.

Es necesario cambiar la institucionalidad actual (Estado, régimen y gobierno) en todos los niveles, incorporando un sistema integral de planeación democrática con autonomía; garantizar la participación social en elaboración, gestión y control (planes, programas, políticas públicas, acciones), reconociendo centralidad a las organizaciones comunitarias; democratizar la comunicación y la información generando contrapesos a los grandes medios y reconstruir el sentido común propio de nuestra cultura, historia y resistencia, que apelan a la solidaridad, la cooperación y el comunitarismo.

En este sentido, algunas señales que recibimos no son las mejores. El T-MEC recién acordado contiene serias restricciones a la soberanía nacional, como ha señalado el Ing. Cárdenas solicitando al senado que no lo ratifique. El proyecto de Ley de Desarrollo Agrario se inscribe en la misma línea de las reformas estructurales de 2013 y ya cuenta con múltiples rechazos, incluido el nuestro. La ampliación de las concesiones a Televisa y TV Azteca por 20 años, efectuadas por el actual gobierno sin ninguna objeción del siguiente. El proyecto del Itsmo de Tehuantepec, ZEE largamente resistida por pueblos y comunidades. La definición de megaproyectos sin consulta previa y bien informada, como lo establece la OIT.

Las complejidades propias del momento político no deben introducir un velo sobre lo que realmente está en juego, expresado en múltiples resistencias que todavía deben penetrar la burbuja del poder para abonar a un México de iguales.

El trabajo que se presenta se inscribe en la línea de las “210 propuestas por un México de iguales”, ambos, resultado de un trabajo colectivo, que intenta expresar al país que se dibuja a ras del suelo, en la sierra, el campo, las costas y las ciudades.

Es el país que debe reflejarse en una Nueva Constitución. El México de todos, como nación integrada, pluriétnica, multicultural, soberana, participativa, igualitaria, forjada colectivamente.

Por último, especial agradecimiento al equipo de la Fundación para la Democracia, cuya participación hizo posible la realización de conversatorios, foros, encuentros y reuniones, así como la elaboración de este trabajo en el que también debe agradecerse la colaboración del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.