El país que queremos

#MxGanarLaPazHoy

Ante la violencia ¡Ganar la paz!

Los hechos de violencia que vive el país han provocado luto y dolor; detrás de las cifras (100 mil muertos, 30 mil desaparecidos, 300 mil desplazados…) está la sangre derramada de los mexicanos.

En los campos y las ciudades, en prácticamente todas las regiones del país, se vive una guerra que lastima a todos los sectores sociales.

El largo tornado de la violencia mexicana tiene raíces estructurales que son consecuencia del desmantelamiento y la corrupción del Estado, que a cambio de verdaderas políticas de desarrollo social que propicien la inclusión social, el bienestar público, el desarrollo y la convivencia, opta por acciones de asistencia que perpetúan la falta de oportunidades, pauperizan a las clases medias y polarizan la distancia entre quienes concentran las riquezas y quienes carecen de lo más elemental.

Al abandono del campo y su crisis productiva, que expulsa a numerosos compatriotas al extranjero, se suma el sistemático despojo de los recursos naturales que padecen las comunidades agrarias e indígenas. El éxodo del campo también se transforma en problemas de la ciudad, donde la migración a las grandes y medianas concentraciones urbanas deviene en cinturones de pobreza donde el desarraigo, las asimetrías educativas y las diferencias culturales son paliadas con el viejo asistencialismo que degrada la condición humana.

En las periferias y los barrios populares de las ciudades, la ausencia de planes de desarrollo urbano y vivienda que permitan el acceso a los servicios públicos, a la oferta educativa y cultural y que estimulen la vida comunitaria, agudiza procesos especulativos que desgarran la convivencia y reproduce el terreno propicio que favorece la marginación, la violencia, y abre las puertas a la penetración del crimen como una alternativa económica real ante la falta de oportunidades y sustituto de una autoridad que o no se hace presente o se muestra débil cuando no cooptada por las mafias activas en el territorio.

La dificultad del acceso al desarrollo educativo, cultural, social y económico convive con la omnipresente publicidad de una sociedad de consumo cada vez más individualista que desgarra los tejidos solidarios de las comunidades.
En ese contexto han echado raíces el narcotráfico y la ilegalidad: las mafias han ocupado los vacíos que dejaron las instituciones del Estado, y la economía que genera la producción, tráfico y consumo de drogas –muy demandadas además en el inmenso mercado de los Estados Unidos– sustituyó en el campo a la que se basaba en la generación de alimentos. El narcotráfico ocupa en las ciudades a jóvenes que no tienen acceso ni a la educación ni al empleo y los códigos de pertenencia, prestigio social y autoestima, no son aportados por la cultura, el deporte o el trabajo, sino por la subcultura del crimen organizado: el poder corruptor de los recursos que genera la economía ilícita alcanza de esta manera a casi todas las actividades económicas.

Las empresas dedicadas al tráfico de drogas, ante la omisión y parálisis del Estado, controlan regiones, ciudades y municipios, incursionando en los mercados de la piratería, la economía informal, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, la prostitución, el tráfico de órganos, la compra y venta de armas.

Las ganancias producidas por los actores de la economía ilegal han penetrado todos los niveles de gobierno y el sistema financiero, diluyendo las fronteras entre las instituciones públicas y el crimen organizado. Fortunas de origen ilícito circulan en la banca nacional e internacional, se reciclan en los diversos ramos de las industrias, deforman la vida política y corrompen el sistema de partidos, envenenando a los cuerpos de seguridad del Estado y sometiendo al sistema de justicia a sus intereses. Esto ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo (de acuerdo con Reporteros sin Fronteras), pues su trabajo devela una zona que busca permanecer oculta: la frontera donde, a través del lavado de dinero y de imagen, lo ilícito se vuelve aparentemente lícito.

La estrategia emprendida por el presidente Felipe Calderón pretendió superar la crisis de legitimidad originada en el proceso electoral de 2006 a cambio de una irresponsable declaración de guerra, gracias a la cual se desató la confrontación, se agudizó la corrupción de las instituciones públicas, se multiplicaron los escenarios del conflicto y centenares de miles de mexicanos pasaron a ser víctimas de la violencia. El daño colateral más grande de esa estrategia fue criminalizar a las víctimas para justificar su multiplicación y contrarrestar las denuncias y la indignación. Enfrentar un problema social de alta complejidad en clave exclusivamente militar fue un error cuyas consecuencias aún se pagan.

La violencia desatada en la pasada administración ha cruzado el período de la alternancia política y el proceso de reformas emprendido por esta, profundizándose aún más con la crisis de representación que padece el sistema político y la revelación de múltiples actos de corrupción en los más altos niveles del gobierno, cuyo impacto negativo en la confianza hacia las instituciones, así como el daño que causan a la autoestima y ética colectiva, es devastador para nuestra convivencia pública.

La violencia se ha extendido al sistema de partidos, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales en mayor o menor grado han sido corresponsables, cuando no cómplices, de los actores y factores que han generado la violencia.

El abandono del municipio, política y económicamente, ha dejado a las bandas criminales el control de estos. A esto se agrega la profundización de la pobreza y la descomposición política, que los mismos gobiernos locales y el federal han sido incapaces de contener.

El poder judicial, lejos de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos, ha convertido a la patria en el reino de la impunidad.

México, de ser país hospitalario y refugio de exilios, hoy es escenario de masacres a inmigrantes. Las bandas criminales, mediante el terror, se han convertido, directa o indirectamente, en auxiliares de la política de contención migratoria y de los guarda fronteras de Estados Unidos.

Los ministerios públicos están rebasados, lo mismo que los servicios forenses, y la capacidad para investigar crímenes y actos de violencia se ha reducido a su mínima expresión.

Las cárceles y centros penitenciarios están llenos de inocentes o infractores menores; miles de reos se hacinan, transformando las cárceles en incubadoras del crimen y la violencia, semillero de bandas y reclutamiento de criminales, donde se despoja a la población interna de cualquier posibilidad de rehabilitación y reinserción.
La ineficacia de todos los modelos policíacos puestos en marcha, el uso irregular de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, y la penetración del crimen organizado en las estructuras de los cuerpos de seguridad, genera la violación sistemática y continuada de los derechos humanos.

En medio de esta situación nacen múltiples muestras de inconformidad y se agudizan conflictos sociales que requieren de procesos de diálogo y solución complejos, desgraciadamente, ante su impotencia, los gobiernos en su ineptitud y falta de visión optan en repetidas ocasiones por criminalizar las protestas sociales y abrir el paso a la represión.
Ante la falta de soluciones políticas, se genera un doble problema: la necesidad de protestar choca en numerosas ocasiones con el derecho de los demás ciudadanos al libre tránsito. El hartazgo ante la falta de soluciones se une a la irritación que causan las protestas, acentuando el ciclo del descontento social y aumentando las posibilidades de brotes de violencia.

Mientras en muchos lugares de Estados Unidos y en países de América Latina y Europa se regula ya la producción, comercialización y consumo de drogas como una forma de limitar el poder de las mafias, distender la violencia, regular los mercados y atender los problemas de salud que generan las adicciones, las autoridades de nuestro país siguen apostando exclusivamente por una estrategia represiva basada en la ilegalización. Gracias a ello, miles de armas entran todos los días legalmente o no al país, para proveer tanto a los cuerpos de seguridad como a criminales y diversas formas de autodefensa ciudadana, muchas de ellas en tránsito a convertirse en cuerpos paramilitares ante la falta de Estado de derecho y la espiral interminable de la violencia.

Los paradigmáticos acontecimientos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Guadalajara y Tanhuato, obligan a un pronunciamiento ciudadano contra una guerra cruel e inútil que no logra frenar el poder del crimen sino lo incrementa, que no inhibe el consumo de drogas sino lo potencia, que no aleja a la juventud de los peligros que significan diversas sustancias para su salud sino la deja a merced del fuego cruzado de las bandas criminales y las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, estos acontecimientos revelan la impunidad de que gozan las bandas criminales y su connivencia con quienes deberían combatirlas. Lo que debería ser la solución ya es parte del problema.
Reconozcamos que existe un quebranto de nuestro Estado de derecho y una crisis de la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y construyamos soluciones de fondo para contener la corrupción y la desigualdad.

Reconsideremos el proyecto de seguridad a partir de una perspectiva ciudadana y humana que ponga en el centro los derechos de las víctimas y otorgue sentido y valor a la legalidad.

Las reformas anticrimen y anticorrupción; los aumentos a presupuestos en seguridad y armamento NO han resuelto nada, y la situación lejos de mejorar se agrava, consumiendo todas las reservas éticas, legales, institucionales y legislativas para contener la violencia y sus causas.

De lo que se trata hoy en México es de ganar la paz.

Por tanto:

1.- Rechacemos los caminos que nos proponen enfrentar la violencia con más violencia y a la ilegalidad del crimen con violaciones de los derechos humanos.

2.- Impulsemos políticas a favor de los presupuestos municipales, haciendo énfasis en los programas educativos y culturales, así como en el fomento a las actividades económicas de las pequeñas y medianas unidades económicas y empresas del campo y la ciudad.

3.- Manifestamos la urgencia de detener el reclutamiento de jóvenes por bandas del crimen y el narcotráfico, por lo que se requiere una revisión de todas las políticas dirigidas a esta población en el campo y la ciudad.

4.- Llamamos a tomar todas las medidas políticas, legales y sociales que sean necesarias para propiciar el desarme, la desmovilización e la inclusión social de aquellos que hoy se encuentran incorporados a los sistemas operativos de la delincuencia.

5.- Ha llegado la hora de levantar la prohibición del consumo de drogas y se hace necesaria la regulación de su producción, circulación y consumo.

6.- Necesitamos nuevas leyes sobre la posesión y el registro de armas, así como un programa nacional y un acuerdo internacional que favorezca el control del tráfico ilegal y legal del armamento.

7.- Reformemos el sistema judicial y el sistema penitenciario para que este cumpla la función de rehabilitación y ofrezca opciones a los reos y sus familias para reinsertarse socialmente.

8.- Pongamos en manos ciudadanas las instituciones que fueron creadas para propiciar su participación y defensa ante los abusos de poder. Nos referimos, entre otras, al Instituto Nacional Electoral.

9.- Revisemos el marco legal y la operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, de manera que los derechos a que se han hecho acreedoras gracias a su trabajo a favor de la paz con justicia y dignidad pasen a ser efectivos.

10.- Llamamos a construir un nuevo orden constitucional que combata la corrupción y la violencia, que genere las condiciones para construir un proyecto social de paz y prosperidad basado en el bien común, la construcción de comunidad, la democracia participativa y los derechos y libertades de todos los mexicanos.