El país que queremos

#MxComunicaciónHoy

Democratizar la comunicación y la información

POR MEXICO HOY.                                                                                                                                                                                     DEMOCRATIZAR LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION.                                               

 

Introducción

Cinco grandes grupos mediáticos controlan lo que ven y escuchan 600 millones de latinoamericanos y tres grupos de telefonía definen hasta dónde llega la conectividad. En México, 120 millones de ciudadanos están a merced de unos pocos.  Esa concentración  dificulta o impide la accesibilidad plena, plural y diversa a los avances tecnológicos y a la información; al mismo tiempo, facilita el control de contenidos y la reproducción de los mecanismos de hegemonía.

En el caso de México los medios de comunicación son parte del entramado de poder concentrado que controla al Estado y sus instituciones, junto al poder financiero y económico y las representaciones políticas. Desde ese enorme poder, las corporaciones mediáticas son artífices de la instalación y legitimación de la llamada revolución neoconservadora.

Esta revolución, en poco más de treinta años, está dejando tras de sí desigualdad, violencia,  corrupción, impunidad, desaparición, despojo, exclusión y discriminación, lo que se traduce en fragmentación social, desesperanza, escepticismo, miedo. La estructura de poder puesta al servicio de la expoliación de recursos naturales, la  destrucción ambiental, la concentración de la riqueza y la desigualdad.

 

A pesar de la evidencia y lejos de revisar sus postulados, estamos viviendo la profundización ortodoxa y dogmática de la concepción neoliberal plasmada en una nueva oleada privatizadora y concentradora, de la mano de las “reformas estructurales” y de un relato que repite hasta el cansancio las mismas promesas de los años ochenta en abono a los cambios propiciatorios del paraíso constituido por el libre mercado. Se trata de una retórica que introduce un velo sobre las incompatibilidades entre la democracia real y esta fase del capitalismo. Hoy está demostrado que el mercado por sí sólo es incapaz de generar bienestar para la mayor parte de la población, todo lo contrario, ha agudizado las desigualdades y la exclusión, concentrando la riqueza nacional en unas cuantas familias. Al mismo tiempo el Estado, subordinado a las reglas del mercado, es incapaz de generar las condiciones de igualdad material para todos los mexicanos

 

El capital financiero configura una estructura de poder supranacional, con una ideología y un discurso largamente desarrollados en lo económico, lo institucional y lo cultural. Los grandes medios de comunicación son parte de esta configuración, no sólo sus agentes. El neoliberalismo no se entendería, no puede explicarse, sin las grandes corporaciones mediáticas que contribuyen a su aceptación como presente y futuro inevitables, a través de la construcción de nuevas subjetividades (individualismo, egoísmo, hedonismo) y propiciando el vaciamiento de la política, la disolución de identidades colectivas, la destrucción de ciudadanía y toda forma de pensamiento crítico.

El reciente proceso de reformas estructurales, produjo un cambio constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión que de alguna manera respondió a viejas demandas de la sociedad, pero que fue contrarrestado por la reforma de las leyes secundarias, francamente regresivas, y por la disminución de las capacidades normativas del órgano regulador, restándole competencia e imparcialidad.

 

La oportunidad de acabar con el sistema concentrado de medios de comunicación y promover el pluralismo y la diversidad quedó en un mero discurso, pues se dejaron intocados los intereses de las grandes corporaciones de la radiodifusión y se castigaron arbitrariamente a los medios de uso social, comunitario, indígena y públicos que son la posibilidad real para democratizar el panorama mediático. El proceso de adjudicación de dos nuevas cadenas de televisión digital fracasó, al resultar adjudicada sólo una de ellas, con lo cual en los hechos, se verá reforzada la construcción del sentido común dominante.

 

El cine, medio relevante en la formación de imaginarios y en el desarrollo económico, permanece intocado en su actual estructura, entregada a la industria de EEUU que hegemoniza la producción y la presencia en salas.

 

En consecuencia no pueden esperarse, desde el gobierno, cambios sustanciales en la materia. Al contrario, ante la autonomía e independencia informativa de algunos medios y periodistas el gobierno aplica sistemáticamente su capacidad de coerción a la libertad de expresión y de restricción a los derechos de las audiencias, sea por el uso discrecional de recursos públicos en publicidad, o el condicionamiento en la gestión del negocio comunicacional o, abiertamente, dejando en la orfandad al periodismo crítico sometido a agresiones de todo tipo, incluyendo el asesinato.

 

 

La construcción de una comunicación democrática.

 

Es necesario romper con el actual modelo mercantil de telecomunicaciones y radiodifusión en los que el ciudadano es sólo un consumidor que tiene coartado el acceso a información veraz y contextualizada y está acotado en sus posibilidades de participación.

 

Una ciudadanía bien informada y crítica requiere de espacios mediáticos diversos, plurales y abiertos, alineados con el interés público no con el éxito en el mercado, sea político o comercial. La diversidad cultural y étnica, que son parte indisoluble de nuestra identidad nacional, debe tener expresión plena a través de los distintos medios de comunicación y en el intercambio informativo.

 

Debe ser parte de una política de Estado y en tal sentido su visión debe incluir la protección integral de derechos contenidos en los tratados internacionales, de modo que la circulación de la información, la cultura y la educación no sean objeto de mercantilización.

 

Es obligación del Estado y del gobierno impulsar los medios públicos y sociales, en particular los comunitarios e indígenas. La presencia activa del Estado permitiría equilibrar el poder mediático, con una política de comunicación e información plural que abra espacios al conjunto de la sociedad, a todas las voces y lenguajes que habitan el país y que dan cuenta de distintas formas de ver, interpretar y expresar la realidad, mucho más allá de la visión mercantilista. Los medios no son un fin en sí mismo, sino plataformas tecnológicas que permiten el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, que por su interdependencia hacen posible el ejercicio de otros derechos, entre ellos la educación, la cultura, la participación.

 

Las políticas de gestión del espectro son una clave esencial para equilibrar las asimetrías actuales, asegurar un modelo plural de medios, generar condiciones equitativas de acceso para toda la sociedad, establecer medidas afirmativas para los medios no lucrativos con una reserva de espectro del al menos un 30% y fijar claramente medidas antimonopolio en los servicios de comunicación audiovisual que ponga límites a la propiedad horizontal, vertical y cruzada de medios.

 

Es obligación del Estado asegurar el acceso universal de todos los mexicanos a las tecnologías de la información y de la comunicación. Es una de las herramientas principales para la inclusión social, el desarrollo, la afirmación cultural y la reducción de la brecha de conocimiento. Pero atendiendo a quienes son los que controlan el Estado y el gobierno, en este momento el impulso a los cambios que se necesitan, recae en los ciudadanos, en sus diferentes formas de organización y manifestación, en su capacidad de presión.

 

La pugna por cambiar el sistema de medios es una disputa cultural para recuperar el pensamiento crítico y emancipador, resignificar la política, afianzar los derechos humanos, recuperar la idea de que el otro es primero y la igualdad un objetivo insoslayable, reafirmar la construcción de ciudadanía, liberarse del sentido común neoliberal y construir el propio con raíz nacional, popular y latinoamericanista.

 

La comunicación y la información no son una mercancía, son una cuestión de derechos humanos con impacto en la cultura, la educación, el desarrollo de ciudadanía y  la construcción de identidad.

 

 

Propuesta.

 

Entendemos la comunicación en términos de “una comunicación de todos, entre todos, para todos”. Es decir una comunicación democrática, participativa, multidireccional, que permita expresar la palabra y el lenguaje propios, que contribuya a la construcción de una ciudadanía informada y consciente.

 

A partir de lo que tenemos, el siguiente paso consiste en hacer efectivos los principios constitucionales al plasmarlos de forma adecuada y con pertinencia jurídica en la ley secundaria, para que esta concepción de la comunicación se transforme en una realidad a través de los cambios legislativos necesarios, en cuyas hipótesis se reconozca una normatividad con perspectiva transversal de reconocimiento y defensa de los derechos humanos.

 

Se trata de un ordenamiento legal que involucra a telefonía fija y móvil, internet, televisión abierta y de paga, radio, cine, que en conjunto, configuran los servicios de comunicación audiovisual y, sumado a ellos, la convergencia digital, el desarrollo de contenido, el tamaño relativo de las concesiones y el equilibrio regulatorio.

 

  • El Estado, las empresas privadas y la sociedad deben tener presencia equilibrada y regulada en el espectro comunicacional para la operación de radio y TV: medios públicos, medios privados y medios sociales en toda su diversidad, entendiendo que todos los medios son un servicio público. Debe asegurarse, con mecanismos efectivos, que no se reproduzca ni se mantenga la concentración que existe actualmente en frecuencias, concesiones, producción de contenidos y penetración de mercado. Revisar la legislación para rescatar derechos y principios no contemplados o vulnerados.

 

  • Libertad de expresión y de información. Derechos de las audiencias. Derechos de los periodistas y trabajadores de la comunicación. Derecho de réplica. Regulación de la publicidad. Contenido nacional. Pluralidad. Función social de los medios. Multiprogramación y contraprestaciones. Promoción de la producción independiente. Derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad. 

 

  • Protección a los derechos de la niñez. Control de la publicidad. Programación para niños y adolescentes. Desarrollo de políticas públicas para generar contenidos de calidad y construir una agenda digital apropiada.

                                                             

  • Protección de datos personales y derecho a la privacidad, sin condicionamientos ni restricciones.

 

  • Limitar la propiedad combinada de medios impresos, radiales, televisivos.

 

  • Revisar los ordenamientos sobre comunicación e información en tiempos electorales. Analizar el enfoque mercadotécnico (marca, producto, cliente) propio del modelo hegemónico y contrastarlo con un enfoque progresista de comunicación política (organización, proyecto político, ciudadanos). Corregir la regulación de los tiempos a utilizar.

 

  • Regular los tiempos y costos de la publicidad oficial, asegurando su sentido informativo, no propagandístico y que su contratación no implique premio o castigo. Privilegiar el uso de tiempos fiscales.
  • Dotar al órgano regulador de real autonomía e independencia del poder político y del poder económico, con las atribuciones necesarias para garantizar eficacia y equidad en el otorgamiento y control de concesiones, la transparencia operativa, y la transmisión de contenidos. Propiciar la participación ciudadana en los órganos de control a través de consejos consultivos con atribuciones reales.

 

  • Incorporar a la legislación los principios para una participación plural en el mercado convergente, que limite la concentración económica y de mercado, garantice la presencia plural y diversa del conjunto de la sociedad, asegure el derecho a la información y proporcione voz a los que no la tienen.

 

  • Fomentar la creación de medios de comunicación masiva comunitarios e indígenas, que permitan a las poblaciones  aisladas acceder a la información, así como mantener su identidad y cultura. Regularizar las existentes. Facilitar la autogestión de recursos presupuestales. Eliminar toda forma de criminalización.

 

  • Fomentar el desarrollo de impulsos sociales, autónomos, alternativos, juveniles, de género, para la creación de medios y la producción de contenidos.

 

  • Definir un modelo de medios públicos (nacionales y regionales) con capacidad de ocupar plenamente el espacio que le corresponde y que sirva de contrapeso al modelo mercantil. Reforzar y ampliar la presencia de medios públicos en todo el territorio nacional, con participación ciudadana en sus programas y en sus consejos consultivos, con independencia editorial no condicionada por el presupuesto oficial.

 

  • Cine. Proteger la industria nacional en lo económico y en lo cultural como parte de un proyecto soberano e independiente. Reformar la ley de cine garantizando producción, distribución y presencia en pantalla del cine nacional; acotando la presencia hegemónica de EEUU; recuperando soberanía en las transmisiones satelitales y, sobre todo, rompiendo con el patrón de construcción de imaginarios que abonan al sentido común neoliberal.

 

  • Proteger el interés nacional en inversión, programación y producción de contenidos. Reconocer y apoyar a la producción independiente.

 

  • Asegurar el acceso universal a los beneficios de la convergencia digital. Todos los mexicanos deben acceder a servicios de telefonía, Internet, radio y televisión, sin excepciones de ningún tipo.

 

  • Tal como dice la Constitución, garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, con una política de inclusión digital universal.

 

  • Informar y explicar escrupulosamente a la ciudadanía en qué consisten los cambios tecnológicos, cuáles son los alcances de la nueva legislación y qué beneficios se obtendrán. En un lenguaje despojado de tecnicismos y de galimatías jurídicos.

 

  • Garantizar el derecho a la libre elección de software, en congruencia con los avances en normatividad y política pública en el ámbito internacional para la adopción de software libre.

 

  • Impulsar el desarrollo de normatividades y regulaciones a escala de América Latina, que acoten el gran poder que tienen los conglomerados en telecomunicaciones y medios de comunicación sobre la acción política y sobre la formación de opinión en función de sus intereses mercantiles y de bloque hegemónico. Hay un marco establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que constituyen una referencia ineludible en el cumplimiento de las obligaciones de los Estados, pero cuya instrumentación es desigual e incompleta.

 

La acción política.    

Es la sociedad y su accionar a través de diferentes grupos y organizaciones, la que aún en fase de resistencia insular, puede ofrecer un abanico extendido de información alternativa, contracultura y desarrollo de un sentido de las cosas construido desde abajo. Y al mismo tiempo, insistir en el reclamo de otro andamiaje institucional.

 

Estamos ante una lucha civilizatoria que implica estudiar a profundidad el soporte ideológico del modelo hegemónico, explicar el sentido de la propuesta emancipatoria e igualitarista, recuperar a la política como forma de confrontación (entendiendo que el conflicto y el disenso son los motores de la democracia), desarrollar los medios propios y articular los existentes en un espacio político referencial. Recuperar la palabra y el lenguaje, hoy expropiados.

 

La experiencia de los últimos años muestra la existencia de múltiples resistencias de periodistas, jóvenes, estudiantes, representantes populares, Organizaciones No Gubernamentales, medios independientes, organizaciones sociales,  las voces originarias, los desplazados y explotados…que conservan la voz propia. Y que por ello son reprimidos, hostigados, condicionados o asesinados.

Necesitamos amalgamar todos esos esfuerzos para que la voz, la palabra, el lenguaje no nazca solo de la resistencia a lo que nos vienen imponiendo, sino que también sea resultado de nuestra propia epistemología, de cómo entendemos la vida, el país, la relación entre nosotros, sus habitantes y nuestra relación con la naturaleza.

De nosotros depende el desarrollo de las capacidades para influir en la definición de políticas públicas, de revertir reformas regresivas, de definir las características de un México para todos.

 

 

La agenda inmediata.                                                      

 

En el contexto de una nueva legislatura, ampliar el debate sobre medios públicos y sociales, revisar la norma sobre radios comunitarias, apuntalar la presencia de medios sociales, defender la neutralidad de la red exigir el cumplimiento de la constitución. Concentrar esfuerzos en la integración de un verdadero Sistema Público de Radiodifusión del Estado.

El texto transitorio de la reforma constitucional estableció de manera expresa las características que habrían de identificar el modelo de comunicación del estado, a través de impulsar el desarrollo de los medios públicos, tanto del ámbito federal como estatal, sin embargo, la ley secundaria acotó esta posibilidad a los medios que lleguen a crearse a futuro, dejando de lado la necesidad de transformar la operación del conjunto de los medios gubernamentales, para convertirse en una verdadera alternativa de pluralidad y diversidad mediática.

Por ello, resulta indispensable promover la transformación del actual Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para que opere como un verdadero “Sistema”, que no se limite a un conjunto de emisoras de televisión abierta, sino que también incluya a la radio, de tal suerte que las actuales estaciones operadas por los gobiernos federal y estatales, respondan a los principios rectores de su función social.

 

Desde el espacio Por México Hoy, apoyar e impulsar iniciativas orientadas a la democratización de la comunicación y la información. Diseñar una estrategia de comunicación integral que despierte el interés ciudadano sobre el tema.