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Energía

El sector de la energía en México se caracteriza por una amplia base de recursos naturales en hidrocarburos y de aquellos utilizados para la generación de electricidad, pero con una política gubernamental que, desde finales de los años ochenta, se ha concentrado en limitar la operación de las empresas públicas responsables exclusivas de la explotación de los hidrocarburos y el servicio público de electricidad, con el objetivo de abrir estas actividades a la inversión privada e incorporar sus productos al libre mercado. Situación que ha derivado en una debilidad tendencial del abasto energético, en su magnitud y calidad, en el aumento de precios para el mercado interno, en el deterioro de los propios recursos naturales y en la pérdida de control del Estado sobre el conjunto de intereses económicos que inciden en el sector.

En esta perspectiva, las reformas constitucionales y legales en materia de energía, promulgadas en 2013 y 2014, con el propósito de desregular económicamente a este sector, tuvieron como una de sus consecuencias más relevantes la amputación jurídica de la propiedad originaria y el dominio de la Nación sobre los recursos naturales, la pérdida de la exclusividad del Estado en la operación y desarrollo del sector, la renuncia a la protección de concurrencia en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el fortalecimiento de la subordinación nacional al proyecto estadounidense de seguridad energética de América del Norte.

La reforma energética de 2013 limitó la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos a la condición de que se encuentren en el subsuelo. Además de ello, el estado perdió el dominio sobre esos recursos y la facultad de aprovecharlos íntegramente. La operación estatal de la industria petrolera ha sido fundamental para impulsar el desarrollo económico y social de los mexicanos, por ello es indispensable que la Nación recupere la propiedad plena y el dominio sobre los hidrocarburos, desde el subsuelo, al ser extraídos, transformados y hasta que el estado realice su enajenación de primera mano.
(Art. 27 Constitucional).

El Estado debe garantizar el derecho de su población al suministro energético necesario para su bienestar. La vida de la sociedad contemporánea depende esencialmente de la energía, por ello las personas, independientemente de su nivel de ingreso, deben tener asegurado el acceso a la energía que requieren para sus necesidades básicas a través de un servicio público que opere al menor costo posible económico y ambiental posible y con la mejor calidad.
(Art. 4 Constitucional)

Los sistemas de suministro de energía deben tender al uso de fuentes limpias para reducir sus impactos ambientales. La intermitencia de las fuentes renovables hace necesario contar con una planeación central y un parque de generación diversificado que permita el uso adecuado y oportuno de los recursos hidráulicos, la geotermia, los combustibles fósiles y la capacidad nuclear para obtener la combinación que favorezca en mayor medida la sustentabilidad ambiental, más allá de las conveniencias comerciales.

La política energética nacional debe partir de una planeación integral a mediano y largo plazo, orientada a elevar el bienestar de la población, el desarrollo económico, que asegure el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, así como el abasto suficiente que requieran las familias y las empresas mexicanas. Con ese fin la tasa de recuperación de los hidrocarburos in situ necesita ser creciente y la restitución de reservas tiene que ser superior a la extracción.

Como parte de la seguridad energética del país, se debe legislar para establecer la obligación de mantener una tasa de restitución de reservas de hidrocarburos con una cobertura de al menos (20) años y un margen de reserva óptimo del sistema eléctrico nacional que satisfaga las necesidades nacionales.

El sector público debe tener a su cargo el petróleo, el gas natural y sus derivados, así como el servicio público de electricidad por ser áreas estratégicas del desarrollo nacional. Para ello, el Gobierno Federal requiere mantener siempre la propiedad y el control sobre los organismos y empresas del Estado encargadas de esas actividades.
(Art. 25 Constitucional)

El servicio público de electricidad está constituido por el suministro a los consumidores, la operación y el desarrollo de la generación, de las líneas eléctricas de transmisión y distribución así como la planeación y operación con el menor costo posible y con el menor impacto ambiental de los sistemas de generación eléctrica.
(Art. 27 Constitucional).

Se debe garantizar la máxima transparencia pública sobre la metodología, los precios y las tarifas de la electricidad, de los combustibles y de los productos petroquímicos. Específicamente, se debe establecer la participación de los consumidores y de los organismos de la sociedad que puedan contribuir en la formulación tarifaria y la vigilancia para preservar los derechos de los consumidores.

Petróleos Mexicanos debe participar, como operador principal, en todas las licitaciones de campos mexicanos y debe ampliar su participación directa en proyectos más allá de las fronteras nacionales como una medida para asegurar la independencia energética nacional.

El Estado mexicano debe tener participación obligatoria en la explotación de yacimientos transfronterizos, a través de sus empresas de energía, y con al menos el 50 % de cada uno de los proyectos que se establezcan con ese fin.

Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, por ser empresas del estado que gestionan recursos de la Nación, están obligadas a ser autofinanciables, a operar con la máxima eficiencia económica, transparencia y responsabilidad social. Adicionalmente deben contribuir a: salvaguardar la soberanía energética, a realizar una explotación responsable y con visión de largo plazo de los recursos naturales, la integración y el desarrollo de la industria nacional, obtener los precios más bajos posible de los bienes y servicios que ofrecen, el cumplimiento de normas ambientales y de calidad creciente.
Para que Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad puedan cumplir con el mandato legal que se les asigne, es indispensable que dispongan de una verdadera autonomía técnica, presupuestal y financiera. Independiente de la administración pública central, de las políticas de subsidios y en particular de la SHCP. El balance financiero, la deuda, el dividendo que entreguen anualmente al gobierno federal debe ser determinado por sus respectivos órganos de gobierno; en ningún caso tendrán una magnitud o mecanismos, que vulneren su expansión, salvo por emergencia económica nacional justificada y aprobada por la Cámara de Diputados. Con un régimen fiscal que les permita autofinanciar su expansión y donde los miembros de sus consejos directivos tengan el carácter de funcionarios públicos.

La planeación y operación de las empresas energéticas del estado se guiará por un contrato plan debidamente analizado y aprobado por el Congreso de la Unión, con el propósito de que tenga valor de ley. En está planeación se establecerán condiciones que favorezcan la transparencia y la participación de los distintos sectores sociales. Pemex y CFE deben contar con autonomía establecida en la Constitución.

La propiedad, la operación y el desarrollo de la red troncal de ductos debe estar en manos de organismos del estado.

El Estado debe dar prioridad a las actividades de beneficio que lleven a cabo las comunidades, los núcleos ejidales y los productores rurales. Para la realización de proyectos energéticos de extracción, producción, conducción o industrialización de hidrocarburos, o de generación, transmisión, transformación y distribución de electricidad, se deberá respetar la decisión de los superficiarios y, en caso que estos decidan algún tipo de asociación o arrendamiento de sus tierras, el gobierno federal tendrá la obligación de apoyarlos con el fin de compensar la asimetría existente con entre ellos y las empresas de energía. Constitucionalmente se debe eliminar la prioridad de las actividades de las empresas privadas de energía sobre las actividades que realicen los propietarios y posesionarios de las tierras.

Es indispensable que el Estado garantice el acceso a los bienes y servicios energéticos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, especialmente para aquella de menores ingresos o en situación de marginación, a través de una política de subsidios definida por la Cámara de Diputados.

Dados los efectos de la reforma energética y para la protección del interés público, en los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos las cláusulas económicas relativas a: bonos, cuotas, regalías y cualquier otro tipo de ingresos para el Estado, deberán ser aprobados por el Congreso de la Unión, en tanto ingresos públicos, y deberán ser presentados en forma desagregada en la Ley de Ingresos.

Se debe garantizar la máxima transparencia pública sobre
cada una de las cláusulas de los contratos de servicios, los contratos de producción y utilidad compartida, los contratos de licencia; así como de los ingresos públicos derivados de contratos y de las asignaciones.

La comercialización de los hidrocarburos primarios debe ser realizada exclusivamente del Estado mexicano.