El país que queremos

#MxAguaYCampoHoy

Hacia la recuperación de los recursos hídricos y del campo mexicano

NOTAS DE TRABAJO

Como lo indica el subtítulo, este documento es apenas un conjunto de notas de trabajo cuyo propósito es promover el debate sobre los problemas del campo y la temática del agua en nuestro país. El documento presenta datos y propuestas para alimentar ese debate. Es un documento abierto que espera la crítica y el enriquecimiento que necesariamente surgirá de este proceso que pretendemos cuente con la mayor participación en todo el país. La discusión sobre los temas relacionados con el agua parten de una consideración innegable: se trata de un recurso cuyo impacto es transversal en todos los temas que debemos analizar a la hora de diseñar un nuevo modelo de desarrollo para el país; está presente en las políticas para el desarrollo rural y urbano; agropecuario y forestal; minero y energético; producción de alimentos; la industria; la preservación de los recursos naturales todos y del medio ambiente, así como el aprovechamiento de nuestras zonas marinas.

La constitución de 1917 estableció como compromisos sociales programáticos el reparto agrario y la voluntad de extender al mayor número de mexicanos un conjunto de beneficios derivados del ejercicio pleno de la soberanía y la independencia nacional.

El Plan Sexenal de 1933 reconoció que uno de los problemas sociales “de mayor importancia en nuestro país es, sin duda alguna, el relativo a la distribución de la tierra y su mejor aprovechamiento, desde el punto de vista de los intereses nacionales, vinculados íntimamente con la liberación económica y social de los grandes núcleos de campesinos que directamente trabajan la tierra…..”

El Plan Sexenal incluyó el objetivo de proveer al campo con los debidos mecanismos de financiamiento para las actividades productivas; investigación y desarrollo tecnológicos; asistencia técnica y transferencia de tecnología, y de manera central, promover la organización de los productores; así como impulsar la producción colectiva mediante el desarrollo de cooperativas y empresas rurales de transformación agroindustrial y comercialización. En esta línea de pensamiento, los propósitos de fondo están en promover el desarrollo social, la producción de alimentos suficientes para la población y dar soporte a la soberanía nacional. En un plan de desarrollo nacional de largo plazo, a estos propósitos hoy debemos agregar la preservación del medio ambiente, el cuidado del territorio y de mucho de nuestro patrimonio cultural arraigado, sobre todo, en los pueblos indígenas.

A partir de la firma del TLCAN, los gobiernos neoliberales abandonaron esas políticas para el desarrollo del campo. Fue precisamente durante el proceso de negociación de este Tratado de libre comercio de América del Norte, que el gobierno federal promovió las reformas al Artículo 27 Constitucional en materia agraria, con el propósito de “meter las tierras ejidales a la lógica del mercado”, como un mecanismo para “modernizar el campo”. Como parte de ese objetivo modernizador, el gobierno federal comenzó un proceso de abandono paulatino de sus obligaciones respecto del desarrollo del campo, ya que, según pregonaron, sería el capital privado quien se haría cargo de inversiones cuantiosas, con enfoque moderno, altamente productivo y que de ese modo, los productores rurales tendrían la oportunidad de asociarse con los nuevos inversionistas para alcanzar el máximo beneficio y desarrollo, lo mismo si se tratara de pequeños propietarios o ejidatarios.

A pesar de la insistencia oficial de que esa sería la mejor forma para que los campesinos accedieran a nuevas tecnologías y novedosas formas de financiamiento y mejoraran sus condiciones de producción, los ejidatarios, pequeños propietarios y los productores rurales en general, decidieron mantener la posesión y propiedad de sus tierras. Aún así, los corporativos empresariales han concentrado grandes extensiones de tierras para proyectos de agroindustriales principalmente enfocados a producción de hortalizas para el mercado internacional y poco o nada aportan a la producción de alimentos para el mercado interno. En muchos de estos desarrollos se ha propiciado el trabajo esclavo de jornaleros que carecen de toda clase de derechos y con sueldos de miseria laboran jornadas extenuantes y mas allá de límites humanos.

La política implantada para el sector implicó el abandono de las responsabilidades del estado, y los resultados de ello están a la vista desde hace ya mucho tiempo. Se desmanteló el sistema financiero que daba soporte al desarrollo del sector rural y de pesca; se desmembró a la CONASUPO; se eliminaron los precios de garantía, se desmantelaron también los Institutos de Investigaciones Agrícola, Pecuaria y Forestal, los cuales modificaron sus formas de trabajo hasta convertirse en entidades prácticamente sin recursos, que operan a pedido y obligadas a generar sus propios ingresos, lo que en la práctica equivale a una operación privada, al servicio del capital nacional y trasnacional que hoy se apodera del campo mexicano y privilegia los cultivos de exportación, sin compromiso real con la producción de alimentos para el mercado nacional.

En las cifras oficiales el campo avanza; en los hechos, en el sector convive la mayor de las desigualdades, un sector altamente productivo, capitalizado que crece y genera grandes utilidades para las corporaciones industriales que desde aquí abastecen al mercado internacional y un sector campesino y de pequeños productores depauperado, que sobrevive en el abandono; para ellos, la expulsión, la migración son “alternativas” que en nada resuelven las condiciones de pobreza; la violencia campea por todos lados. Las mujeres y los jóvenes son ahora víctimas permanentes del abandono de las políticas de desarrollo y fomento para el campo, y la alimentación de las grandes mayorías depende de las importaciones crecientes, con la consecuente pérdida de independencia y soberanía.

Los gobiernos de la llamada transición fueron incapaces de proponer un nuevo modelo que se basara en la justicia y la igualdad, y en cambio profundizaron las políticas depredadoras y pusieron al país en condición de una total dependencia alimentaria, con la consecuente pérdida de soberanía y la falta de control sobre el territorio nacional. En el colmo del entreguismo o de la insensatez, los gobiernos del neoliberalismo, lo mismo priistas que panistas, han renunciado incluso a utilizar las salvaguardas que ellos mismos establecieron en los textos del TLCAN para “beneficio” de los productores mexicanos, sobre todo, para los campesinos y pequeños productores del campo.

Entre 1990 y 2008, en el campo se perdieron 2.5 millones de empleos; al menos 6 millones de personas migraron a las ciudades o hacia otros países; hoy en día somos un país fundamentalmente importador de alimentos. 80% del arroz que se comercializa es importado; 35% del maíz; 60% del trigo; 20% del frijol; 35% de la carne de res que consumimos y 48% de la de cerdo son importadas. Somos uno de los países con la mayor tasa de importación de granos per cápita, del planeta, después haber sido esencialmente autosuficientes en producción de alimentos e incluso exportadores.

Somos el mayor importador de granos del planeta; nuestras importaciones de granos en el año 2014 representaron hasta el 9.3% de los excedentes ofertables del mundo. También somos los mayores importadores de leche y productos lácteos a escala mundial; de igual forma somos dependientes en productos madereros y celulosa, entre otros…. Nuestras importaciones de alimentos de origen agropecuario en 2014 representaron un tercio del total de la importación de bienes de consumo no petroleros.

Es claro que los fenómenos de la migración del campo a las ciudades, y del país a los países industrializados del norte, están asociados a los problemas de miseria y marginación que fundamentalmente han sido causados por los estragos producidos por la expansión salvaje del capitalismo a todas las áreas y todos los ámbitos del planeta. La etapa de desarrollo de transferencias masivas de excedentes del campo a las ciudades está definitivamente agotada y ha llegado a límites social y políticamente peligrosos, en consecuencia, ahora se plantea urgentemente la necesidad de revertir el fenómeno, para iniciar un proceso de recapitalización de los campesinos y de las familias rurales como vía eficaz para que la población permanezca arraigada a la tierra, para generar oportunidades para los jóvenes y revitalizar toda la cultura nacional asociada a los modos de sobrevivencia propios de los mexicanos.

La revaloración del trabajo del campo como resultado directo de la reducción de la jornada legal de trabajo es uno de los aspectos de las consecuencias más importantes que se lograrían con el establecimiento del derecho al trabajo en el campo y en la ciudad.

RESCATAR EL CAMPO

El rescate de México comienza por el rescate del campo. En efecto, el medio rural es fuente natural de alimentos y de recursos forestales, y muchas cosas mas, y es también mucho mas que eso. El mundo rural es un medio complejo que es también el guardián de mucho de nuestra historia como pueblo; es depositario de muchas de nuestras grandes tradiciones culturales y actor central en los grandes procesos de transformación social de México. El campesino es también el conocedor profundo y depositario de la gran biodiversidad y de los recursos ambientales con que cuenta nuestro territorio.

De tal manera que un plan de rescate del campo tiene que ser necesariamente integral. Atender la producción de alimentos; la preservación del medio ambiente, protección de la biodiversidad; ocupación y seguridad del territorio; y fundamentalmente, atender las necesidades de desarrollo económico, social y humano del casi 25% de la población nacional. Un plan para rescate del campo, con enfoque integral será capaz de proveer oportunidades de educación, empleo y desarrollo para toda la población; hombres y mujeres de todas la edades; y especialmente para los jóvenes que hoy carecen de opciones atractivas y satisfactorias en el sector.

Nuestra propuesta comienza por revertir los instrumentos jurídicos que atentan en contra de la propiedad social de la tierra y de la verdadera pequeña propiedad; así como rediseñar los mecanismos de financiamiento para el desarrollo del sector, mediante una banca de fomento moderna, ágil y sujeta a mecanismos de control social. A continuación se proponen algunos elementos de política:

Restablecer la actividad de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología; y adecuar el marco institucional pertinente, revalorando la experiencia de las instituciones que durante muchos años el Estado fue construyendo en este sector, las cuales fueron desmanteladas con el avance del modelo neoliberal hoy campeante.

Poner en campo un amplio programa de fomento para la generación de empresas Cooperativas de producción y mecanismos de asociación entre pequeños productores (independientemente del régimen de tenencia de la tierra), hasta lograr procesos que integren cadenas productivas, de transformación y comercialización para la capitalización social, como vía para el desarrollo económico, social y humano sostenidos.

Introducir en el campo procesos de gestión y aprovechamiento de los bosques como la mejor forma para preservarlos;

Garantizar el respeto a las tierras y aguas de los pueblos indígenas por todo el territorio nacional; lo que implica una profunda revisión de la legislación agraria y la de aguas nacionales también modificada a la luz del TLCAN.

Un planteamiento de esta naturaleza requiere de un amplio programa nacional de restauración y construcción de infraestructura productiva, bodegas y centros de acopio, caminos y medios de comunicación; reforzamiento de las instituciones del campo y recuperar la banca de desarrollo.

SOBRE EL AGUA Y LA AGRICULTURA

Desde hace mucho tiempo la población ha estado sometida a una intensa campaña de desinformación sobre la disponibilidad de agua para los usos básicos. Dice esta campaña que por el despilfarro que hacemos los mexicanos, cada vez hay menos agua. La disponibilidad de agua por cada habitante del territorio nacional es apenas de una quinta parte de lo que fue a mediados del siglo pasado, nos dicen.

Es verdad que la disponibilidad de agua por cada habitante es hoy menor que a mediados del siglo pasado, pero eso no es porque haya menos agua, sino porque hoy somos cinco veces más y se han incrementado las actividades de la industria y del comercio que demandan también los servicios de agua.

También han crecido las ramas industriales que “exportan” grandes volúmenes de agua, como es el caso de la industria automotriz, ya que cada vehículo exportado lleva asociado el volumen de agua que se utilizó en su fabricación. Lo mismo sucede con la exportación de alimentos y materias primas que se destinan al mercado externo, lo mismo ocurre con las no procesadas. O la minería, que utiliza volúmenes importantes de agua en el beneficio de los minerales, pero además contamina lagos, lagunas y ríos de forma indiscriminada, como recientemente se vivió en el norte de Sonora, con la total irresponsabilidad de las empresas mineras “modernas” que aún así se promueven como ambientalmente responsables.

Ciertamente, el país requiere de formas nuevas para administrar los recursos naturales, especialmente el agua. Para el actual gobierno, la única manera de preservar los recursos naturales, es someterlos a las reglas del mercado. En particular, en el manejo del agua, es una política en la que los gobiernos han insistido desde mediados de los años 70 del siglo XX; después de mucho tiempo, ese modelo logró ponerse en marcha con las reformas constitucionales del período de gobierno 1982-1988; a partir de allí, se comenzaron a modificar los esquemas de gestión del agua para el campo y las ciudades.

En las ciudades, desde 1991 se implantaron proyectos de privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, siendo pioneros en ello los experimentos de Aguascalientes y Cancún y de cierto modo en el Distrito Federal en 1992.

Con argumentos modernizadores y el propósito supuesto de promover la responsabilidad social en la gestión del agua en las zonas de riego, se entregó la administración de los distritos de riego a los usuarios de esa infraestructura, y de inmediato el gobierno federal redujo sustancialmente la inversión para infraestructura productiva y de servicios en el sector, llevándolo al abandono que hoy es evidente.

La entrega de la total responsabilidad de los Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento a los gobiernos Municipales y la entrega de la administración de los Distritos de Riego a los Usuarios del Agua, sin transferirle los recursos económicos y financieros correspondientes, significó principalmente el abandono de las responsabilidades del Gobierno Federal en la gestión de los recursos hídricos y de los servicios a la población.

Este modelo ha fracasado en toda la línea. Hoy, se ha producido una tremenda concentración de los derechos de extracción de agua en unas cuantas manos, principalmente en grandes empresas dedicadas a la producción agropecuaria para el mercado de exportación, con grandes beneficios económicos particulares pero que conducen a los procesos ampliamente conocidos de deterioro de los acuíferos, sobre-explotación y contaminación del agua, contaminación de cuerpos superficiales de agua como ríos, lagos y lagunas; con el consecuente sub-empleo, desempleo y marginación en el campo; aún así, apenas un poco mas del 50% de las tierras con infraestructura de riego, están realmente produciendo; principalmente en los Distritos de Riego.

Peor es la situación en la Unidades de Riego para el Desarrollo Rural, que sobreviven sin tecnología, sin apoyo financiero; sin acceso a los canales de comercialización, en realidad languidecen aportando un argumento mas para sustentar la política oficial de favorecer a los grandes capitales en el campo.

En general, la infraestructura de riego está abandonada, sin mantenimiento y usando tecnologías y métodos de riego obsoletos para los tiempos presentes, si bien era la tecnología moderna conocida durante la primera mitad del siglo pasado, cuando se construyeron y fueron equipados.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

En las ciudades, los experimentos privatizadores han empeorado la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, se han incrementado los niveles de contaminación de los cuerpos receptores de las aguas de uso municipal o industrial; el modelo, ha generado grandes negocios, sobre todo en la venta de agua embotellada.

La idea de descentralizar de la federación hacia los estados y municipios, operó en todos los casos, como mecanismo para facilitar la privatización.

La cobertura de los servicios de agua potable aumenta por debajo de la tasa de crecimiento demográfico; hoy tenemos ciudades con dotaciones per cápita por arriba de los 350 litros por habitante al día (LHD) que conviven con zonas urbanas con dataciones menores a los 50 LHD. La inmensa mayoría de este servicio se entrega en realidad sin potabilizar, aunque sí desinfectado, generalmente mediante procesos de cloración.

Según datos de la Comisión Nacional de Agua, mas de 90% de la población nacional recibe servicios de gua potable. Sin embargo, al menos la mitad de esa población recibe un servicio “tandeado”, es decir, un suministro intermitente, no contínuo. Es ampliamente sabido que el servicio intermitente conlleva grandes riesgos de contaminación del líquido. Si a ello se le agrega una campaña permanente que desde los medios masivos de comunicación insisten en los riesgos que el servicio de agua representa para la salud y la falta real del agua en muchos hogares mexicanos, nos ha convertido en el país con el mayor consumo per cápita de agua embotellada en el mundo.

Así, el Banco Mundial estima que el negocio del agua embotellada en México es de 13 mil millones de dólares cada año. El 82% de estas operaciones las concentran tres trasnacionales y representa hasta el 70% de la cantidad que anualmente cobran los organismos municipales de agua potable y saneamiento por este servicio. Para precisar estos números debemos decir que los sistemas municipales de todo México cada año entregan a la población 8,760 millones de metros cúbicos de agua, es decir, alrededor de 24 millones de metros cúbicos cada día con un precio promedio de 6 pesos por metro cúbico. Del otro lado, el negocio del agua embotellada significa la venta de 20 millones de metros cúbicos al año, con un precio promedio de 10.4 pesos por litro, es decir, 10,400 pesos por cada metro cúbico de agua. Dentro de esta ultima operación mercantil, el mayor costo en el que incurre el embotellador es la botella que cuesta apenas unos centavos de peso y que después se convierte en una fuente de contaminación al desecharse millones de ellas diariamente.

Saneamiento de aguas Residuales. En los últimos años se ha construido un volumen significativo de nueva infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales domésticas y municipales; sin embargo, mas de la mitad de esa infraestructura permanece ociosa, sin operar u operando de forma ineficiente por la falta de recursos financieros de los municipios para operar; es así que avanza la contaminación de los cuerpos receptores.

Recientemente el Senado de la República aprobó en comisiones una nueva Ley General de Aguas; con ella se acentúa la privatización; legalizará el despojo de agua a las comunidades indígenas; profundizará el principio de la gestión del agua como un bien económico en vez de un bien social; la gestión del agua se vincula en muchos aspectos con la gestión del sector energético, y esta ley que se promueve y que debemos impedir que se concrete, tiene entre otros, el propósito de “adecuar” el marco jurídico del agua a las necesidades que impone la reforma energética recientemente impuesta a los mexicanos. En particular, facilitar la disponibilidad del agua para el “ cracking” en las zonas de lutitas; liberar los controles del uso del agua en la actividad minera; etc. Es necesario estar alertas ante estos intentos, profundizar el análisis, conocer los impactos que producirá en cada región del país, para en conjunto delinear nuestras estrategias de defensa de los recursos. Por lo pronto, este proyecto de Ley General de Aguas no debe pasar en el Congreso, por ser abiertamente privatizador; sume en la inseguridad a los pueblos indígenas en cuanto a la disponibilidad del recurso; y servicios públicos del agua; es inconstitucional, en la medida que no garantiza el derecho humano al acceso al agua; pone en manos privadas y mercantiliza un recurso vital que debe manejarse con un enfoque estratégico y que debe estar bajo el control soberano de la nación.

Nuestras propuestas para la gestión del agua.

En nuestro proyecto de nación, es obligatorio revertir la situación expuesta, valorar el agua, los suelos y los bosques como bienes sociales en manos de la nación:

Promover un amplio programa de modernización de las actividades productivas en el campo, especialmente las zonas de riego que utilizan al menos el 78% del agua que se extrae; allí es posible ahorrar al menos el 50% de los volúmenes que hoy se utilizan por unidad de superficie; conviene aquí decir, que si en las zonas de riego se produjera un ahorro de tan solo el 10% del agua que ahora consumen, ello liberaría un volumen caudal de agua suficiente para duplicar la población actualmente atendida con servicios de agua entubada. Este ahorro es técnicamente viable y económicamente accesible, sin necesidad de recurrir a procesos de privatización.

En consonancia con lo anterior, es necesario modernizar los sistemas municipales de agua potable y saneamiento, promover una cultura de uso racional del agua, acorde con estándares reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También aquí es necesario y es posible reducir la dotación per cápita; reducir el desperdicio. En medio de los contrastes, la dotación promedio per cápita es superior a las normas internacionales.

En este contexto, es de la mayor importancia que los planes, programas y el marco regulatorio que se promueva, se garantice el acceso al agua como un derecho humano; igualmente, que se garanticen los derechos de las comunidades y pueblos indígenas sobre los recursos hídricos, los bosques y los suelos.

Lineamientos de política para el campo, mares, gestión del agua y producción de alimentos.

Sobre el campo y la producción de alimentos:

Hoy es necesario recuperar el campo para lograr la suficiencia alimentaria y recuperar la soberanía perdida.
La solución para la problemática del campo y la suficiencia alimentaria no está en la privatización de la propiedad social, o presionar sobre la autentica pequeña propiedad, sino en capitalizar el campo en beneficio de los productores y la población del sector que ahora representa alrededor del 25% de la población del país.
Promover la organización de los productores del campo, tecnificar y capitalizar, para generar oportunidades para todos, en especial para los jóvenes hijos del campo (sin diferencia de género), que ahora y desde hace tiempo son expulsados sin oportunidades de educación, empleo y vida digna.
La modernización y recuperación del campo será con los jóvenes o no será.
Nuestra apuesta tendrá que enfocarse a construir alternativas colectivas, lo mismo en pequeña propiedad que en la propiedad social. Promover empresas colectivas de producción, transformación agroindustrial y comercialización.
Para avanzar en este proceso, nuestra propuesta mas importante es diseñar un
Plan General para la Recuperación del Campo, cuyos propósitos sean:

Restablecer las condiciones para un desarrollo justo e igualitario de las familias rurales de México;
Recuperación de la autosuficiencia alimentaria, que fortalezca la soberanía nacional;
Programa de Desarrollo de Corto y Mediano Plazo

Que garantice recursos financieros para la actividad productiva; quizá un Programa de diez años, enmarcado en el contexto de un Plan de 30 años, que le dé contexto de largo alcance.

Plan de Desarrollo Institucional

Que provea al sector de instituciones de investigación y desarrollo tecnológico; Banca de Desarrollo; servicios de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, para un enfoque integral en el uso, aprovechamiento y preservación de los recursos de la tierra: agua, suelos, bosques y selvas y los recursos marítimos y de las costas; preservación y, en su caso, recuperación de la calidad del medio ambiente.

Adecuación de la Cuestión Agraria

Para revertir las reformas del 27 Constitucional que a principio de los años 1990 mercantilizan las tierras ejidales y que limitan las posibilidades de asociación de los productores del campo;

Proteger las tierras ejidales y comunales y los recursos naturales que les son inherentes;

Establecer herramientas jurídicas que aseguren que los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios tengan acceso a recursos tecnológicos y de financiamiento;

En particular:

Revertir la dependencia nacional en producción de alimentos;
Detener el deterioro de los bosques y de los suelos;
Poner en marcha un amplio programa de recuperación de la infraestructura productiva en el campo: distritos de riego; unidades de riego para el desarrollo rural. Restablecer la infraestructura de acopio y almacenamiento;
Restablecer modernizado un sistema de desarrollo y transferencia de tecnología para el sector agropecuario y forestal; en cuyo caso es pertinente revisar las experiencias previas de los Institutos del sector: INIA, INIP y el INIF. El trabajo de estos institutos será vital para el aprovechamiento de nuestra enorme diversidad biológica. En especial, para la producción de alimentos, necesitamos de los centros de investigación tecnológica para recuperar nuestras semillas criollas y cerrarle el paso a las semillas transgénicas.
En México tenemos una larga tradición y experiencias exitosas en los servicios de extensionismo. Hoy es necesario recuperarlas enriquecidas con los avances tecnológicos y el mayor conocimiento del territorio y sus recursos humanos y naturales.
Modernizar la actividad ganadera , encaminada a la producción de alimentos y a la preservación de selvas, bosques y suelos y la calidad del medio ambiente;
Crear una banca de desarrollo para el fomento de las actividades de producción y preservación de los recursos naturales del campo, que permita el desarrollo sustentable, generación de riqueza y desarrollo social y humano;
Regular las actividades extractivas del subsuelo como la minería y el agua;
Garantizar el derecho efectivo de ejidatarios y pequeños propietarios para acceder al crédito de fomento para el desarrollo de sus actividades de producción;
Poner en marcha un amplio Programa De Desarrollo Agroindustrial; y
Programa Para Desarrollo De Empresas Rurales De Producción, Transformación Y Comercialización;
Restablecer el Sistema Nacional de Enseñanza Agropecuaria;
Fortalecer al Sistema Nacional de Escuelas Normales Rurales y su vínculo con el desarrollo social y cultural de la población rural, para promover el arraigo a la tierra, la cultura, el fortalecimiento de la familia, el cuidado del territorio y la preservación del medio ambiente.
PARA EL SECTOR FORESTAL:

Definir una política de aprovechamiento y preservación de bosques y selvas;

Que permita en primer término detener el deterioro de estos recursos; su crecimiento y la recuperación de bosques dañados;
Explorar la conveniencia de una política de aprovechamiento de largo plazo en la que se incluyan desarrollos industriales de transformación industrial para la producción de celulosa y otros derivados;
Una política forestal enfocada al aprovechamiento y preservación que permita la generación de riqueza de largo plazo para las comunidades indígenas y la población rural en general, producirá seguridad económica, calidad ambiental y condiciones favorables para captación de agua y recarga de los acuíferos;
PARA EL MANEJO DEL AGUA

En primer término, revertir todos los ordenamientos legales que privatizan la propiedad y la gestión de los recursos hídricos del país; definir el agua y los bosques como recursos de propiedad social;
Proteger los derechos de los Pueblos Indios sobre el agua en sus territorios;
Revertir los procesos de sobre-explotación y contaminación del agua; en particular, proteger los acuíferos, lagos, ríos y lagunas.
Poner en marcha un amplio programa de recuperación de costas y manglares.
Garantizar el derecho humano de acceso al agua y al saneamiento; con apego a los estándares internacionales de salud y calidad de vida;
Promover el desarrollo de una cultura del agua que en primer término, reduzca la demanda de agua per-cápita y proteja la calidad del recurso;
En los tres niveles de gobierno, fortalecer la capacidad institucional para la administración eficiente y preservación de los recursos, dotando a la población de servicios seguros, con calidad y eficiencia;
Ampliar las coberturas de los servicios de agua potable y saneamiento de las aguas residuales; hasta lograr bel acceso universal;
PARA COSTAS Y MARES.

Con casi 11,200 Km de litorales mas 200 km de mar territorial, México tiene en el mar una superficie equivalente casi 1.5 veces la superficie de nuestra plataforma continental, en la actualidad alcanzamos una producción anual que ronda 1,780 toneladas de captura, frente a casi 7,000 toneladas anuales de Perú, que tiene una extensión litoral solo 2400 Km.

Son limitantes de la producción pesquera: flota obsoleta; infraestructura portuaria inadecuada; como en todo el sector de alimentos, falta de una política de desarrollo que contemple esquemas financieros para fomentar la actividad, el empleo y la transformación industrial de la producción.

En este caso, además de revertir las limitantes señaladas, es necesario echar mano de la experiencia pasada, recuperar el funcionamiento de las cooperativas pesqueras que en el pasado florecieron por todo el litoral mexicano, con actividades especializadas, especies de escama, camaroneros, atuneros, etc.

Una política para el desarrollo del sector pesquero necesita poner por delante el diseño de programas de gestión sustentable de los recursos naturales; evitar la sobrexplotación de especies de alto rendimiento; entre otros factores.

Nuestra política de aprovechamiento de los recursos del mar ha de comenzar por recuperar la calidad de nuestros ríos; protección de las costas, en especial preservar las zonas de manglares, frenar su deterioro y, en lo posible, procurar la recuperación de estos ecosistemas.

La acuacultura es un recurso de grandes potencialidades que se aprovecha con éxito en diversas regiones de México y del mundo. Nuestros cuerpos de agua interiores son un enorme potencial para este propósito. Para aprovechar estos recursos, lo pertinente es empatar un gran programa de Acuacultura con los programas de aprovechamiento pesquero. Proveer de los recursos tecnológicos y de financiamiento.

En Acuacultura igual que en la pesca, las cooperativas de producción son una vía que debemos de explorar de forma directa, en el contexto de un amplio programa de desarrollo social y de producción de alimentos.