El país que queremos

#MxSociedadHoy

La cuestión social

¿Qué entendemos como la cuestión social?

Ante la realidad actual de nuestro país es necesario repensar con una visión de futuro, aquello que entendemos por la cuestión social. Tradicionalmente lo social se relaciona con las condiciones materiales de vida que ofrece la sociedad a sus integrantes considerados individualmente. Comprende la realización de los derechos humanos económicos, sociales y culturales (DESC) que incluyen alimentación, salud, vivienda, seguridad social, trabajo y salario dignos, educación, vestido y calzado y un nivel de vida adecuado. En las últimas décadas lo social se ha centrado en la superación de la pobreza y más recientemente al menos en el discurso, se ha planteado la preocupación por la creciente desigualdad y por el cierre de las brechas de ingreso y en los niveles de bienestar material de las personas.

La visión centrada en el combate a la pobreza de manera focalizada ha sido limitativa en su comprensión de los derechos humanos y de los diversos aspectos fundamentales de la vida comunitaria e individual. De ahí que en diversas instituciones internacionales y gobiernos de países se ha trascendido los límites de ese enfoque para abrirse a una perspectiva más amplia y rica consistente en la promoción de una vida de calidad mucho más solidaria e inclusiva, digna, libre, justa y democrática fundada en la realización de los derechos humanos.

En la actualidad la cuestión social trasciende hacia aspectos relacionados con la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana, la armonía entre vida laboral, personal y familiar, la igualdad sustantiva entre géneros y generaciones, el sentido de pertenencia y responsabilidad respecto de la vida colectiva, el buen trato y la no discriminación; también considera los afectos y las emociones y la salud mental comunitaria; la seguridad social comprensiva elementos todos ellos que conforman lo que podríamos llamar la vida buena y digna.

En este sentido lo social ahonda en recuperar la buena vecindad, la solidaridad y la acción comunitaria, como elementos que cohesionan a la sociedad a través de valores humanitarios, cívicos y ecológicos compartidos; la confianza entre las personas y hacia las instituciones; y la capacidad real de participar en la definición, ejecución y evaluación de lo público y de hacer y desarrollar la acción pública a través de organizaciones y redes sociales.

Se amplía la concepción de lo social a los derechos de las mujeres, de la infancia, de las juventudes, de los pueblos originarios, de las personas mayores, de las personas con discapacidad y con diversidad sexual, de los migrantes.

En México frente a la violencia vivida en los últimos años, provocada en mucho por un régimen y una forma de la sociedad corrupta, impune e injusta y al mismo tiempo muy compleja y cada vez más plural, han surgido nuevos grupos de personas dañadas en su integridad física y emocional, en su vida familiar, en su libertad, en su estatus residencial y en sus propiedades y que están requiriendo del desarrollo de legislación, instituciones y recursos que las atiendan. Hasta ahora han sido ellas mismas organizadas y apoyadas por organizaciones de la sociedad civil quienes han asumido su protección, defensa y la reparación de los daños recibidos. Sin embargo, son más las que quedan muy lastimadas y re-victimizadas. Se trata de miles de víctimas directas e indirectas de las violencias y la delincuencia, la población desplazada de sus hogares, los huérfanos, las personas discapacitadas por armas de fuego y los cientos de miles de personas y familias que viven en situaciones de violencia crónica y las poblaciones migrantes que huyen de lamentables condiciones de vida en sus lugares de origen, recorren el país en condiciones inhumanas y son víctimas de constantes abusos.

Ahora ya no se trata sólo de sobrevivir en condiciones de igualdad sino de convivir armoniosamente con solidaridad, seguridad, justicia, dignidad y paz.

Necesidad de un modelo económico centrado en el bienestar de las personas

En una sociedad como la mexicana el buen funcionamiento de la economía resulta indispensable como base para alcanzar una vida buena y digna para todas y todos. El proyecto económico del país debe colocar como su objetivo el promover el bienestar humano facilitando la generación de ingresos a la población para adquirir los bienes y servicios que requiere del mercado, la recolección de impuestos con equidad para financiar las actividades de provisión de servicios por parte del Estado, limitar la acumulación de riqueza e ingresos en pocas manos y permitir la disponibilidad de tiempo de las personas para armonizar sus vidas personales, de trabajo y familiares.

Tiene que ser un modelo económico que retribuya adecuadamente y con dignidad los esfuerzos y aportes del trabajo de las personas, que re-dignifique el valor de ese trabajo, apoye la economía social y amplíe las oportunidades de obtención de ingreso de la población en actividades legales. Un modelo que realmente limite la acumulación de ingresos y riqueza en pocas manos y permita reducir las brechas de desigualdad socioeconómica y territorial poniendo límites al enriquecimiento personal y familiar y no sólo atacando el extremo de pobreza.

Es decir, un modelo que acote el poder y dominio del capital financiero sobre las otras actividades económicas y recupere el sentido productivo y colectivo de la actividad económica en el país. Un modelo que trascienda los mecanismos regulatorios de la oferta y la demanda por sí mismos y estimule la participación ciudadana e institucional en la garantía del bienestar de las personas.

No basta que las autoridades financieras se preocupen por la contención de la inflación y por los equilibrios presupuestales. Esto nos ha sumido por varias décadas en un estancamiento económico y en la profundización de la desigualdad y la pobreza, que subyacen en la violencia y la crisis en derechos humanos que vive el país. Es necesario que reasuman sus responsabilidades en fomentar el crecimiento y procuren mejorar la distribución del ingreso y la riqueza.

El papel de las familias, el Estado, el mercado y la comunidad

La consecución de una vida buena y digna para todas y todos implica replantear los papeles y responsabilidades que atañen a las familias, al Estado, al mercado y a la comunidad.

La contribución de las familias

La inversión inicial en la construcción de las personas y futuros ciudadanos y su desarrollo sico-afectivo, de gran importancia para alcanzar una vida plena y digna, corresponde a las familias entendidas como el espacio primario de convivencia humana, diverso en su naturaleza, composición y estructura. Para realizar sus funciones primordiales las familias deben contar con un medio ambiente social, económico y cultural propicio para su desarrollo como espacios seguros y libres de violencia para sus integrantes. Ello significa el tener acceso a ingresos suficientes y a servicios del Estado que apoyen sus tareas dentro de la economía del cuidado (educación, salud, seguridad social, formación ciudadana para la participación) de manera que permita a las familias contar con los recursos, bienes y servicios y el tiempo para cuidar, acompañar, apoyar, a todos sus miembros en un ambiente de igualdad sustantiva entre géneros y generaciones y disfrutar la vida y la convivencia con plenos derechos.
También significa un reconsideración profunda de la vida laboral donde se asuma que las personas no sólo son trabajadores, sino también integrantes de familias: padres, madres, hijos y nietos con responsabilidades por su propio bienestar y por el de otros y que una vida digna y buena se alcanza con equilibrios saludables en el cumplimiento de las diversas funciones que tiene el ser humano en el curso de su vida. La reproducción integral de las personas no es sólo una tarea de las mujeres como se ha asumido históricamente; corresponde a todo el grupo familiar, al Estado y a la sociedad en su conjunto.

Culturalmente, la comunidad integrada por instituciones y organizaciones de distinto tipo, debe respetar y reconocer las diversas formas de configuración de las familias o unidades domésticas dentro de modalidades de convivencia pacífica y respetuosa de los derechos de sus integrantes. Hacer de las familias un espacio de paz, afectos y crecimiento armonioso es una tarea de todas y todos para mejorar la condición humana de las y los mexicanos.

Un Estado Social de Derecho

Es necesario construir un Estado Social de Derecho como un reto para alcanzar un futuro más luminoso para el país y superar el deterioro experimentado en la convivencia, en la pérdida de calidad y disponibilidad de los servicios sociales públicos y en la realización de los derechos humanos en México. Se trata de asegurar la existencia material y jurídica de condiciones que permitan a las personas y a las familias, contar con los bienes materiales y espirituales que dignifican la existencia y permiten el progreso, en un marco de libertades que se ejercen y responsabilidades que se cumplen.
Bajo este concepto, corresponde al Estado Mexicano cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas.

La obligación de respetar

El Estado debe respetar a las personas y a las familias que cuentan con los medios y mecanismos para alcanzar una vida digna y buena, siempre y cuando esto no se realice a costa de la afectación de las posibilidades y oportunidades de otras personas y familias para realizar sus derechos humanos.

La obligación de proteger

También debe proteger a las personas y a las familias en sus relaciones con otros actores y agentes sociales que intervienen en la provisión de bienes y servicios para alcanzar una vida digna. En la etapa actual de México como sociedad de mercado se vuelve indispensable desarrollar las capacidades estatales de protección como uno de los requerimientos para evitar los abusos y la explotación que las empresas nacionales y transnacionales hacen de las personas y de las familias en su papel de consumidores de los bienes y servicios que se ofrecen en esos mercados, así como de los recursos naturales y del medio ambiente. En ese sentido, un reto para los tres niveles de gobierno en nuestro país consiste en vigilar la seguridad y calidad sanitaria de los alimentos y medicamentos, la seguridad e inocuidad de los aparatos derivados de nuevas tecnologías y de los desarrollos de fibras y materiales para ropa, calzado y otros productos para el hogar, la seguridad y la calidad de las viviendas y la calidad de los servicios de transporte, drenaje, agua potable y recolección de basura cuando son provistos por empresas del mercado, la calidad y veracidad de la información proporcionada por los medios de comunicación o los servicios prestados por el sistema financiero, entre otros aspectos.

El Estado debe cuidar y proteger los bienes y servicios estratégicos para el bienestar de las personas y evitar su apropiación, depredación, contaminación y abuso.

Los mexicanos dependemos crecientemente del acceso a numerosos bienes y servicios del mercado nacional y global y corresponde al Estado Mexicano cumplir su obligación de protección organizando y desarrollando legislación, instituciones y servicios que prevengan los posibles daños derivados de bienes y servicios de mala calidad o de su insuficiente disponibilidad y accesibilidad.

Asimismo, el Estado debe proteger a los participantes en relaciones de trabajo asalariadas para evitar abusos y garantizar que se cumplan los derechos laborales y se respeten condiciones de trabajo dignas. Es urgente en México recuperar el poder adquisitivo de los salarios y terminar con la política del Estado de control salarial que contraviene las disposiciones aceptadas por México como signatario de varios instrumentos internacionales en materia laboral y es causa estructural de la pobreza en que viven millones de familias en el país.

La obligación de garantizar

La obligación de proveer o garantizar los derechos sociales de la población refiere a la participación del Estado proporcionando servicios sociales accesibles, disponibles o suficientes, de calidad y culturalmente adecuados a todas aquéllas personas que por su condición de pobreza y exclusión no cuentan con los medios para allegárselos por sí mismos. Esto significa que el Estado mexicano debe establecer un piso básico de servicios sociales y de ingresoque garantice la realización universal de los derechos económicos, sociales y culturales de todas y todos los mexicanos de manera que frente a situaciones de pobreza o cualquier eventualidad de pérdida de la posibilidad de conseguirlos por sí mismos como son situaciones de catástrofes, desempleo, victimización, puedan acudir a recibir esos servicios o bienes y con ello lograr y mantener una vida digna y buena. Los niveles del piso básico acordado con la participación de la población, deberán irse mejorando progresivamente para alcanzar cada vez niveles de vida superiores.

La reconstrucción de una Estado Social de Derecho incluye entonces desarrollar las capacidades del Estado Mexicano para brindar servicios de educación y salud, seguridad social, acceso a alimentación suficiente, adecuada y segura, y a viviendas dignas, a servicios urbanos de calidad incluyendo transporte, a tecnología de comunicación, a bienes y servicios culturales, ambientales y recreativos asequibles en todo el territorio nacional. Considerados como derechos sociales de todos los mexicanos y mexicanas, el Estado deberá establecer con claridad los mecanismos de acceso a esos servicios, así como los de exigibilidad y justiciablidad de los mismos cuando los titulares de los derechos sean excluidos o discriminados en su obtención.

El Estado mexicano debe reasumir con responsabilidad su función de proveedor de servicios sociales de calidad especialmente los de educación, salud y seguridad social, comprometiéndose a que el mejor personal, con las mejores retribuciones y con un claro reconocimiento de la importancia de sus funciones se ocupe de la atención de los servicios destinados a las poblaciones en condiciones de pobreza en todo el territorio nacional. Esos servicios deberán adecuarse en el tiempo a los cambios en la estructura de la población por edades y a las necesidades específicas de los distintos grupos de manera que se atiendan los requerimientos específicos de las mujeres, de la infancia, de los jóvenes, de los migrantes, de las personas mayores, de las víctimas, de los desplazados, de las personas con discapacidad, de la población con diversidad sexual, de las poblaciones originarias, entre otros grupos. Se trata de ofrecer servicios públicos de calidad de manera equitativa considerando las diferencias en las personas titulares de derechos.

Frente a la corrupción dominante en todos los ámbitos de la vida del país un reto consiste en recuperar la confianza de los ciudadanos en los servicios sociales públicos y en sancionar y acabar con los abusos y con la apropiación de los recursos destinados a los mismos, con la utilización de los programas sociales con fines electorales, así como con la corrupción que domina a las empresas proveedoras de insumos para la prestación de servicios públicos. Se hace necesaria una nueva gobernabilidad de los programas y servicios sociales públicos, realizar reformas profundas en la provisión estatal de servicios públicos y fortalecer la capacidad de implementación estatal de servicios de calidad que atiendan a los nuevos riesgos y necesidades sociales de manera sustentable en el tiempo.

La construcción de ciudadanía social, la recuperación del tejido social y el desarrollo de la cohesión social, entendida como la garantía de acceso a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y del sentido de pertenencia a una nación que se ocupa y preocupa de cada uno de sus integrantes, serán los estrategias que orienten la trayectoria de reconstrucción del Estado Social de Derecho mexicano.

Las instituciones del Estado deben recuperar su función social y ser liberadas de su captura por grupos políticos que las usan patrimonialmente para mantenerse en el poder y que provocan la creciente desconfianza de la población en las mismas. Disminuir la distancia que media entre los gobernantes y la población es una tarea que le dará viabilidad al proyecto de país de Por México Hoy en un propósito de construcción de opciones pacíficas mediante el diálogo. La participación y organización de los ciudadanos como agentes activos en la reconstrucción de una institucionalidad pública que se sustente y promueva una cultura de la legalidad, la paz, la convivencia pacífica y libre de violencia es un condición necesaria para alcanzar un Estado Social de Derecho; fundado en un diálogo permanente con la población, empático consus intereses y no alservicio de las élites políticas y económicas.

Los mercados justos y regulados

El funcionamiento justo y con límites definidos principalmente de tres mercados: el mercado de trabajo, el mercado de bienes y servicios para la vida y el mercado financiero es fundamental para lograr una vida digna y buena para todas y todos los mexicanos.

Dos tercera partes de los ingresos de las familias mexicanas provienen de la venta de trabajo. Por los bajos niveles de retribución prevalecientes en las últimas tres décadas, las familias se han visto obligadas a destinar un número creciente de horas de la disponibilidad total del tiempo de sus miembros a la obtención de ingresos. Las estrategias de las familias han incluido entre otras la migración, el trabajo informal y la inserción en actividades delictivas. Esta situación además de propiciar un ambiente de violencia y de ausencia de Estado de Derecho, ha ido en detrimento del tiempo que pueden destinar las familias al cuidado personal y al de los diversos miembros que requieren de atención como son la infancia, la adolescencia, las personas mayores, las personas con discapacidad o las que padecen enfermedades crónicas.

Lo anterior unido al rezago en la actualización de la disponibilidad de servicios públicos acordes a las transformaciones en la estructura y características de la población(servicios para adultos mayores, para jóvenes y adolescentes), así como al deterioro en la calidad de los existentes (educación y salud) que venían contribuyendo a la economía del cuidado, han devenido en un deterioro de la calidad de vida de la población mexicana en los últimos treinta años y subyacen como causa estructural de las violencias que se viven en el país. Las empresas del mercado incursionan de manera muy lenta en la prestación de servicios adecuados y necesarios para los grupos de población que dependen del apoyo de otras personas y es entonces en las familias donde recae la atención de estos grupos.

Las empresas que intervienen en el mercado de trabajo y las políticas estatales en la materia deben ser responsables socialmente. Las empresas deben reponerle a las trabajadoras y trabajadores mexicanos el aporte que han hecho a las ganancias en la productividad y que por varias décadas les ha sido sustraídas por el funcionamiento inequitativo del mercado de trabajo y por las políticas del Estado. Es también necesario recuperar la participación del trabajo en la distribución funcional del ingreso.

Por su parte, el mercado de bienes y servicios para la vida digna debe hacer estos accesibles física y económica para la población en todo el territorio nacional cerrando las brechas de desigualdad que derivan de los mercados diferenciados de bienes y servicios por estratos socieconómicos.

Las empresas que proveen de bienes y servicios para la vida, tanto productoras como comercializadoras de productos nacionales e importados, tienen la responsabilidad de garantizar la accesibilidad, la seguridad, la calidad y la asequibilidad de esos bienes y servicios a la población. La existencia de mercados competitivos y de precios justos que respeten los derechos de los consumidores son aspiraciones para superar el capitalismo salvaje y destructivo que predomina en las sociedades de mercado. Ese capitalismo ha contribuido a la destrucción de opciones de producción e ingreso de las poblaciones en los estratos socioeconómicos más rezagados con consecuencias para el tejido social, la reproducción de la vida y el incremento de la desigualdad al crear sistemas de franquicias de producción y distribución de bienes para las poblaciones pobres (supermercados, tiendas de conveniencia, cadenas de farmacias) y sustraer a estas poblaciones ingresos no sólo por la vía de bajas remuneraciones, sino también mediante la venta de productos de consumo y la destrucción de sus opciones de generación de ingresos (pequeñas misceláneas, farmacias, panaderías, tortillerías).

Reconocer que una parte de los bienes y servicios para la vida son en la realidad mexicana provistos por los mercados, no obsta para buscar que esos mercados funcionen de manera justa, con ganancias razonables, pagando bien y a tiempo a sus proveedores y generando opciones de trabajo e ingresos dignos para la población.

El Estado tiene la obligación como ya se señaló, de ejercer protección de los derechos humanos de la población en las relaciones que se establecen en los mercados. Por lo tanto, requiere regular su funcionamiento para evitar violaciones a los derechos humanos de las personas que participan en ellos.

Respecto del funcionamiento del mercado financiero los participantes y usuarios del mismo enfrentan una indefensión sistemática y una subordinación a las decisiones de las empresas controladoras del mismo. Por la vía del crédito a las personas y principalmente por la vía de promoción de tarjetas de crédito, el sistema financiero logra inflar las expectativas de consumo de las personas y las familias y las induce a incurrir en niveles de endeudamiento que difícilmente podrán solventar con sus ingresos dadas además las elevadas tasas de interés que se aplican. Miles de personas sufren el acoso de las empresas contratadas para realizar los cobros y viven en gran incertidumbre.

Adicionalmente, el control de las pensiones y el beneficio que de ello obtiene el sistema financiero no se ve reflejado en beneficios para los pensionados y jubilados, ni los recursos disponibles se utlizan para créditos hacia actividades de producción que contribuyan a la generación de empleos.

De la participación de la comunidad en la vida buena y digna

A través de la historia de la humanidad organizaciones e instituciones que forman parte de la comunidad han contribuido al bienestar de las personas y las familias proveyendo bienes y servicios de salud, educación, albergue, alimentación, vivienda, asistencia social. Algunas lo hacen para sus miembros como son los gremios, sindicatos o las cooperativas; otras atienden a población en situación de vulnerabilidad como son las iglesias, las instituciones de asistencia privada o las fundaciones y otras más dotando de formación y conciencia en derechos humanos y fomentando la participación y organización social, cívica y política.

Un sector de las llamadas organizaciones de la sociedad civil ha ido asumiendo funciones del Estado en programas dirigidos a la infancia, la juventud, las mujeres, las personas mayores, entre otros grupos. Otro sector de estas últimas se dedica a defender y proteger los derechos humanos y a proveer servicios de atención a víctimas.

Es necesario reconocer el aporte que realizan las organizaciones e instituciones de la comunidad dado que con frecuencia cubren espacios de atención social donde existen vacíos o se han ido creando estos por el surgimiento de nuevos riesgos sociales que ni el Estado, ni los mercados reconocen y atiende o cuando lo hacen no llegan a cubrir la problemáticas profundas que enfrenta la población, ni tienen la capacidad para sostener la calidad de sus intervenciones. Las instituciones públicas y del mercado no tienen la calidez y la cercanía que se requiere por ejemplo en la atención de población migrante, de situaciones de violencia doméstica, de jóvenes en riesgo o de víctimas de la violencia criminal. Las respuestas institucionales para problemáticas sociales complejas donde se presentan daños y carencias sicoemocionales profundas han probado su poca efectividad.
Además, las organizaciones sociales y civiles e incluso las religiosas, tienen una capacidad para detectar los nuevos riesgos sociales y para desarrollar intervenciones innovadoras para enfrentarlos especialmente porque muchos de sus abordajes y propuestas son producto de un trabajo en los territorios, en los diversos espacios comunitarios y con los diversos grupos sociales. Además, son las organizaciones las que apoyan la incorporación de perspectivas transversales en las políticas públicas como son las de género, derechos humanos, multiculturalidad, medio ambientales, entre otras.

La participación de las organizaciones sociales y civiles contribuyen a lograr la vida digna y buena en México y requieren ser apoyadas y su trabajo alentado y reconocido e incluso sufragando con recursos públicos sus actividades cuando contribuyen a la atención de grupos poblacionales y problemáticas donde el Estado está ausente y no tiene capacidades y las empresas del mercado no intervienen porque se trata de riesgos sociales donde no se generan ganancias en su atención.

Al partir de una revisión profunda al modelo económico, el México de Hoy requiere del establecimiento de condiciones mínimas para que cada actor partícipe en el desarrollo asuma sus responsabilidades.

A. Las familias deben cumplir sus responsabilidades en el desarrollo físico y sicoafectivo de sus integrantes, en la transmisión a estos de sus responsabilidades frente a la comunidad, así como de los saberes para la vida. Su aporte en la construcción de seres humanos debe ser ampliamente reconocido y apoyado especialmente mediante la superación de las condiciones de precariedad económica en la que millones de ellas viven actualmente.

B. Las comunidades deben desarrollar capacidades para el fomento de la cercanía, inclusión y solidaridad entre las personas, de mecanismos de contención social de las violencias y de atención primaria a víctimas, aportando el conocimiento de las necesidades primordiales de las personas y las familias al diseño e implementación de políticas públicas en el territorio.

C. El Estado debe contar con recursos fiscales suficientes y ejercer su gasto para reasumir sus funciones de promotor del desarrollo, ofrecer servicios sociales públicos de calidad y sumar la participación de la sociedad para crear instituciones que garanticen a todas las personas, desde la primera infancia hasta la vejez, el acceso al derecho al nivel más alto de salud, a la educación y a la seguridad social universales, al trabajo de buena calidad y a ingresos dignos y suficientes. Debe proteger a la población de los abusos de las empresas del mercado estableciendo límites y acotando el poder del capital financiero.

D. Es necesario profesionalizar a las instituciones, aumentar sus capacidades de gestión de políticas públicas sociales y transparentar sus procesos administrativos a través de la participación ciudadana en ellas, mediante la instauración de procedimientos de planeación participativa y mecanismos de consulta, diseño, ejecución y evaluación de los programas sociales y a través de la articulación con las comunidades, la población y los actores académicos.

E. Y finalmente, las empresas del mercado deben alinearse a un conjunto de intereses colectivos de la sociedad, ampliando las oportunidades de ingreso de las y los trabajadores y facilitándoles la armonización de su vida familiar, personal y de trabajo; mejorando las retribuciones y distribuyendo las ganancias de la productividad; respetando los intereses y derechos de los consumidores y contribuyendo equitativamente en el pago de impuestos.

La construcción de un Estado Social de Derecho es una labor que corresponde a todas y todos, que apunta al fortalecimiento de las instituciones públicas para que recuperen su función social y se liberen de la captura por intereses particulares.

La necesidad de una nuevo Pacto Social y de la construcción de un Estado Social de Derecho

En México Hoy reconocemos la urgente necesidad de replantear el Pacto Social entre los agentes que participan en la construcción de bienestar de la población: familias, Estado, mercado y comunidad colocando como propósitos centrales el lograr una vida de calidad y una condición humana superior de todas y todos los mexicanos, reduciendo las brechas de desigualdad en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y creando un sociedad solidaria, integrada, pacífica y justa.
Esto sólo podrá lograrse haciendo una revisión profunda del modelo económico dominante que fomenta la desigualdad, la pobreza y la exclusión.

Es necesario fortalecer la participación y la organización de la población en la atención de las diversas problemáticas sociales, reconocer a las personas como titulares de derechos y no como beneficiarios de los programas sociales para avanzar en el logro de la ciudadanía social, política y civil de todas las personas.

Valorar el aporte de las familias en la construcción de los seres humanos y generar un ambiente propicio para su desarrollo; reconstruir, reasumir y ampliar la función social del Estado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población y desarrollar sus capacidades de protección en las relaciones entre particulares y en los mercados; fomentar y apoyar organizaciones sociales y civiles y ampliar la participación en las mismas y también reconocer sus aportes al bien público; así como avanzar hacia mercados justos, debidamente regulados donde se sancionen los abusos y se protejan efectivamente los derechos de los consumidores son parte de las bases para un nuevo Pacto Social y para revisar y adecuar los marcos legislativos, las estructuras institucionales y reorientar los recursos públicos en beneficio de todas y todos.