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#MxIgualdadHoy

La Democracia como igualdad sustantiva

México está en crisis, es grave e innegable, la desigualdad, la corrupción, la violencia, el poder del crimen  organizado y la impunidad son realidades palpables.  Las tragedias cotidianas lo documentan. Este contexto obliga a reflexiones y acciones colectivas transformadoras, en las que colectivos, redes y agrupaciones ciudadanas se han involucrado y las cuáles deben plantearse incorporando los principios de igualdad para que emerjan procesos y propuestas democráticas y justas.

El principio de igualdad establece obligaciones diferenciadas en beneficio de la generación de relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres. Requiere de la apuesta no sólo de la construcción de legislación que reconozca derechos, sino de desmontar todas las formas de discriminación que viven las mujeres en sus condiciones intersecciones de clase, etnia, preferencia sexual, etc., y de concebirles como otro paradigma de lo humano, en nuestras diferencias con los hombres.

La igualdad es uno de los principales derechos humanos y aspiraciones sociales del marco vigente de derechos humanos, que se ha construido gracias al trabajo histórico de los movimientos sociales, y en especial del movimiento feminista, por el reconocimiento, ampliación y pleno goce de todas las libertades, derechos y garantías que como personas y sociedades requerimos para vivir a plenitud y en armonía con el medio ambiente.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. La CEDAW dio un paso más en la comprensión de este derecho al hacer el vínculo entre el derecho humano a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho humano a la no discriminación contra las mujeres y la  obligación que tiene el Estado en garantizarle estos derechos a todas las mujeres.  

La crisis de derechos humanos, la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas, se expresa en cada rincón de nuestras vidas. No se nos reconoce autoridad y se nos deslegitima, se omite nuestra experiencia vital en la política y la economía,  en un contexto en el que como nunca antes, se construye una pedagogía de la violencia contra las mujeres y las niñas expresada en la pornografía, las redes sociales, los juegos, los medios, a pesar del marco legal de avanzada con que cuenta nuestro país logrado por décadas del impulso del feminismo y sus movimientos.

 

Las llamadas políticas de igualdad implementadas por esta y anteriores administraciones han sido totalmente insuficientes; no atienden a una transformación social, no responden a las exigencia de las ciudadanas a que el Estado cumpla con sus obligación de garantizar los derechos de las mujeres sin discriminación y, en síntesis, no han tocado de forma significativa las desigualdades históricas que hemos enfrentado las mujeres.

Nuestras necesidades y derechos permanecen ausentes de las prioridades nacionales, a pesar de ser la mayoría de la población en México, de representar el 52% del padrón electoral, de contribuir a la economía (43 de cada 100 mujres participan en actividades económicas) y trabajar en promedio 19 horas más que los hombres en labores domésticas y de cuidado que sostienen el apenas existente tejido social. A pesar de ello seguimos siendo consideradas como un grupo minoritario/vulnerable con demandas específicas que no están relacionadas con los “grandes temas nacionales”.

Como sociedad no podemos tolerar que 3 mil 892 mujeres hayan sido víctimas de feminicidio entre 2012 y 2013, que hayan ocurrido 1,604,976 hospitalizaciones y 771 muertes maternas por aborto entre 2000 y 2008, que 33 defensoras de derechos humanos y periodistas hayan sido asesinadas entre 2010 y 2015, que miles de madres, esposas, hijas y mujeres huyan cada día de la violencia y enfrenten los impactos de la desaparición forzada.

La igualdad entre mujeres y hombres debe construir el empoderamiento de las mujeres, cuestionando críticamente los roles históricamente asignados que nos relegan a la vida privada, y revalorar el aporte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, fundamental para la reproducción social. Debe también reconocer los derechos sexuales y reproductivos, entendidos como el derecho a decidir sobre cómo, con quién, en qué condiciones vivir nuestra sexualidad y nuestra reproducción; y el empoderamiento político de las mujeres, en este sentido es fundamental el cumplimiento efectivo del principio constitucional de paridad en la representación política.

La política económica debe privilegiar  la calidad de vida de las personas frente al poder supraestatal de las empresas, el mercado y el valor económico; y combatir específicamente las desventajas de las mujeres en el mercado laboral, la descalificación, las pocas posibilidades de inserción, el desempleo, los trabajos precarios y riesgosos, la brecha salarial, el acoso sexual y la imposibilidad de armonizar la vida privada y la pública. La lógica de acumulación económica destruye cotidianamente la vida y la salud de miles de mujeres.

La construcción de la igualdad requiere del fortalecimiento de un estado democrático, transparente, que rinda cuentas, en donde cada uno de los poderes debe reformarse y plantear como su base fundamental los derechos humanos, y los haga realidad en cada territorio, con la plena participación de sus habitantes, sin discriminación. La mayoría social representada en las mujeres deberá tener condiciones para participar en igualdad de condiciones en todo proceso de cambio social, político y económico

 

Las mujeres y las niñas aportamos y apostamos a la democracia, la paz, la solidaridad, el respeto a las diferencias, y al reconocimiento de todas las personas en sus diferencias; tanto en la vida pública como en la privada para el logro de una vida digna

En el marco de este contexto político y social que creemos urgente transformar, llamamos a un pacto que nos incluya, en todas nuestras dimensiones, que incluya nuestra visión y propuesta de mundo activamente: la igualdad sustantiva.