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Los derechos laborales son derechos humanos

Notas para un debate

En nuestro país, desde la Constitución de 1917, se consagraron los derechos fundamentales del mundo del trabajo. A lo largo del siglo XX, en el propio artículo 123 y en la Ley Federal del Trabajo, estos derechos se fueron enriqueciendo aunque uno de los más importantes, el derecho a la organización sindical quedó bajo control del Estado desde la primera Ley Federal del Trabajo de 1931.

En el derecho internacional no sólo se adoptaron los derechos laborales desde la creación de la OIT en 1919 sino que se llamó a los gobiernos a acatarlos bajo “la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente”.

Más tarde, al final del siglo, el “enfoque de trabajo decente” fue adoptado por la OIT como un mecanismo claro y sencillo para impulsar los derechos humanos laborales fundamentales en todo el mundo.

En la etapa neoliberal, sin embargo, estos derechos han sido afectados de varias maneras. Por un lado, el modelo de desarrollo adoptado se convirtió en un obstáculo para el ejercicio de esos derechos y, por el otro, se aplicaron una serie de reformas, llamadas estructurales, en diversos ordenamientos, incluyendo la LFT mexicana en 2012, que recortaron o limitaron esos derechos e incluso se adoptaron nuevas normas que fueron en sentido contrario al pasado histórico, como la estabilidad en el trabajo.
Hubo pues un retroceso tanto porque se dejó de aplicar el derecho laboral como porque éste cambio en sentido contrario a los intereses de los trabajadores.

Lo anterior fue el reflejo de lo que sucedía realmente en los mercados de trabajo, que se volvieron excluyente en al menos tres aspectos, atentando contra los derechos establecidos en los instrumentos nacionales e internacionales:
a) las exclusión del empleo, lo que supone exclusión de ingresos;
b) la exclusión del empleo productivo debido a un entorno económico que no genera empleos de calidad; y
c) la exclusión de empleos de buena calidad en sectores de productividad media y alta, debido a las malas condiciones de contratación.

A lo anterior, el comportamiento de los mercados laborales bajo el neoliberalismo, hay que agregar otros dos fenómenos: por un lado, la negociación colectiva se debilitó hasta convertirse en una falla estructural al punto que en algunos sectores productivos hay una ausencia prácticamente total de ella. Por otro lado, también se presentó una falta de vigilancia en la aplicación de la legislación laboral por parte de las autoridades correspondientes, lo que ha provocado una situación de mayor desventaja y asimetría entre el poder de negociación de los trabajadores y el de los empleadores.

En razón de lo anterior, se ha considerado la necesidad de adoptar una política laboral con enfoque de derechos humanos lo que supone en primer lugar tratar de hacer efectivos los derechos que ya existen en la ley y la Constitución, y en segundo lugar corregir aquellos ordenamientos que o bien van en sentido contrario a los derechos adquiridos desde principios del siglo XX (como los que se aprobaron en la reformas del 2012), o bien han sido un factor de desventaja para los trabajadores, como en el caso de México lo es el registro de sindicatos y contratos colectivos que está en manos del gobierno.

Para elaborar una política laboral basada en los derechos humanos se cuenta con el derecho internacional tanto en lo que toca a los derechos laborales como a los derechos humanos en su más amplia definición. En ambas materias se trata de derechos aceptados por la comunidad internacional y que ayuda a precisar las obligaciones del Estado. Es también un sistema de reglas y principios y una guía para la participación social en el proceso de cooperación, asistencia y evaluación de las políticas laborales.

Para definir una política laboral basada en los derechos humanos, se requiere identificar los obstáculos estructurales y/o coyunturales que hoy permiten y facilitan las distorsiones o regresiones de los derechos laborales
Se parte de que la manera en que los países se han insertado en la economía mundial ha sido un factor relevante para entender el comportamiento del gobierno y de los empleadores (empresas, sector privado) y las regulaciones y prácticas que se han establecido en el medio laboral.

En términos generales se han observado dos tendencias:

La primera en países que están involucrados en procesos de subcontratación internacional, generalmente de baja intensidad de capital de tipo maquilador (electrónica, prendas de vestir) en los que se importan buena parte de los insumos o se utilizan materias primas mediante procesos de bajo valor agregado. En estos casos se observa un marcado deterioro de los derechos laborales especialmente en la libertad de organización sindical, la contratación colectiva y el derecho de huelga.

Otra tendencia se refiere a aquellos países que se insertan en la globalización recibiendo flujos de inversión extranjera directa para producir bienes de alto valor agregado y en ramas productivas de más alta tecnología (automotriz). En estos casos, las empresas multinacionales son de mayor tamaño y menos intensivas en el uso del trabajo y hay mejores condiciones para el respeto a los derechos humanos laborales.

Asimismo, la globalización ha creado tratados regionales que tienen impacto en los países adherentes en materia de derechos laborales por las crecientes presiones competitivas o la difusión de ciertas prácticas nocivas para los derechos laborales. Tal es el caso del TLCAN pues en México, Estados Unidos y Canadá se han registrado una convergencia hacia abajo en la definición, alcance y respeto de los derechos laborales. Es el caso de la industria automotriz en el que su relocalización de Estados Unidos hacia México tuvo entre otras, la intención de reducir costos laborales y eludir sindicatos, contratos colectivos y acuerdos salariales.

La inserción en la globalización y el nivel de desarrollo histórico de las fuerzas productivas en un determinado país se refleja también y de manera significativa en el tamaño del sector formal, la tasa de desempleo y la proporción de fuerza de trabajo calificada, además de la estructura de ocupación por sectores.
La incorporación de la población al empleo productivo y al trabajo decente fue considerada como uno de los recursos que podría favorecer el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio (la erradicación de la pobreza y el hambre). La ONU seleccionó cuatro indicadores para medir los progresos en esta meta: la tasa de crecimiento del producto por persona ocupada (productividad); la tasa de ocupación; la proporción de empleo vulnerable (trabajadores por cuenta propia y familiares) en el empleo total, y la tasa de trabajadores pobres (proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día, considerando PPP).

Otros factores que influyen en el poder de negociación de los sindicatos en los mercados de trabajo y por lo tanto en el respeto a los derechos laborales y su ampliación, son la calidad de la democracia, la vigencia del estado de derecho y la ideología u orientación política del gobierno en turno.

En el caso de México, uno de los rasgos más notables del panorama laboral, incluso si se compara con otros países de desarrollo similar, es la brecha que existe entre los derechos reconocidos en las leyes correspondientes y la realidad de los hechos.
La enorme distancia que media entre las normas laborales y lo que ocurre en la vida real, ha dejado a millones de trabajadores en condiciones de pobreza y exclusión social. Describir esta brecha es un primer paso si se busca identificar qué tipo de intervención se requiere para crear las condiciones que permitan avanzar progresivamente hacia su superación.

Por ello, uno de los retos más importantes consiste en lograr una mejor implementación de las políticas laborales y una vigilancia más estricta en la aplicación (enforcement) de dichos derechos.

Si se ve desde el derecho internacional, en el caso de México según la evaluación de la OIT, su marco normativo, la Constitución y la LFT incorporan los principios fundamentales de esa organización internacional, con excepción del Convenio 98 sobre negociación colectiva. Es decir no hay grandes divergencias entre el derecho internacional y el mexicano. No reside aquí, esencialmente el problema.

De esta manera, la deficiente calidad del empleo y los problemas que afectan a los trabajadores de nuestro país no pueden atribuirse a la falta de regulaciones o instancias administrativas que tengan por objeto velar por sus derechos sino, principalmente, a las brechas de cumplimiento.

La precariedad laboral se explica en primer lugar porque los gobiernos adoptan políticas macroeconómicas que actúan en contra de la vigencia de los derechos no sólo en la formulación de la política laboral sino también en la implementación de las demás políticas macroeconómicas.

Sin embargo, hacer que se cumplan los derechos laborales requiere de un conjunto de factores que no se limitan a la actuación de los gobiernos para hacer cumplir la ley. Debe advertirse que sin un contexto económico productivo y dinámico, la institucionalidad resultaría insuficiente para superar las brechas de calidad del empleo.
Por otro lado, la ausencia de sindicatos con autonomía y poder real de negociación o la ausencia de garantías cuando los derechos colectivos son vulnerados han llevado también a que objetivos como el control de la inflación o la conservación de supuestas ventajas competitivas en los mercados internacionales, se impongan en la fijación de los salarios (mínimos y generales) en detrimento del acceso de los trabajadores más vulnerables (jóvenes, mujeres, sin calificación, domésticos y del campo) a un ingreso suficiente.

Es por ello que, además del derecho al empleo digno, la salud y la alimentación deben incluirse los derechos sindicales, en tanto constituyen la dimensión colectiva del derecho al trabajo digno que, junto con el acceso a la justicia, constituyen una condición para hacer efectivos los demás derechos. Los problemas para acceder a la justicia en particular cuando se quieren hacer efectivos los derechos colectivos se traducen en procedimientos retardatarios y falta de transparencia.
El derecho a la organización y al acceso a la justicia tienen una “pertinencia instrumental”, porque hacen posible el ejercicio del derecho a un trabajo digno, a la alimentación y a la salud, a la vez que son una condición para la participación de actores colectivos en la formulación, implementación y evaluación de las políticas, y la participación en el diálogo social
Desde esta perspectiva, una política laboral con enfoque en derechos humanos supondría que ésta se orienta, en su ámbito de competencia y a partir de un diagnóstico elaborado con la participación de la sociedad, a incidir sobre las causas estructurales (principal pero no exclusivamente) que dificultan o, de plano, impiden hacer efectivos estos derechos.

En México, el conjunto de políticas neoliberales incluyendo las políticas laborales data de los años ochenta. Desde entonces y hasta la actualidad, de manera continua y persistente, se han impuesto instrumentos y objetivos que han profundizado la exclusión de los mercados laborales.

Habría que agregar que la alternancia política en 2000 no implicó ruptura alguna en este sentido. Es decir, la transición a la democracia, el pluralismo político y la alternancia en el poder no modificó el estado de cosas tanto a nivel macroeconómico como en la dinámica del mundo del trabajo.

Al mismo tiempo, desde fines de los ochenta se mantuvo dentro de la agenda gubernamental la necesidad de reformar la legislación para lograr mayores márgenes de flexibilidad laboral. Luego, desde mediados de los años noventa adoptó la promoción de un “nueva cultura laboral” cuyas prioridades, realmente, fueron mantener baja la tasa de desempleo (tolerando la precariedad laboral), el control salarial y la paz laboral a través del debilitamiento de los sindicatos, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Finalmente, en 2012 se logró imponer una serie de reformas a la LFT que introdujeron esa flexibilidad mediante distintos mecanismos.

Debe recalcarse que, al margen de los ordenamientos legales vigentes, se ha experimentado un proceso constante de flexibilización y vulneración de los derechos de los trabajadores y las trabajadores a través de la expansión de contratos temporales y la denegación de derechos (a la estabilidad laboral, la limitación de la jornada de trabajo, el acceso al salario digno, la seguridad social y los derechos sindicales).

Ante la inacción y tolerancia de las autoridades, se expandieron en los últimos años las estrategias para evadir las responsabilidades patronales a través del incumplimiento abierto de la legislación o la utilización de intermediación o subcontratación, con lo que aumentó la inestabilidad laboral. El resultado ha sido la proliferación de los contratos de protección y al mismo tiempo la ausencia generalizada de contratos escritos conocidos y avalados por los trabajadores.

Por otro lado, una muestra de la orientación de la política laboral en México está en los recursos destinados a políticas activas y pasivas, que se ubicaron entre los más bajos de la región considerando países comparables con México. Asimismo, tanto la inspección del trabajo como las JCyA –la puerta de acceso a la justicia laboral- tendieron a favorecer a los intereses de los empleadores.

En materia de salarios, México constituye un caso excepcional porque mantiene desde los años ochenta, sin variación, la misma política restrictiva, sobre todo en los salarios mínimos. Ello se debe a que ha utilizado la política salarial como un instrumento contra la inflación; en el contexto del TLCAN se convirtió en un recurso para favorecer las exportaciones a Estados Unidos y competir con China. No es sorprendente entonces que en 2011 y hasta ahora el salario mínimo de nuestro país fuera uno de los más bajo de la región.

La insuficiencia de los salarios ha llevado a aumentar las jornadas laborales con tiempo suplementario. Según la OCDE los trabajadores mexicanos laboran más tiempo y ganan menos en comparación a los demás países de la Organización.
A lo anterior hay que destacar la insuficiente creación de empleos formales y la expansión de la informalidad, lo que se refleja en una mayor precariedad laboral.

Derivado de lo anterior, se han presentado otros problemas. En el caso de la incorporación de la mujer al mercado laboral, éstas han tenido que enfrentar una marcada brecha frente a los hombres en los índices de subempleo y en el nivel de los salarios.

De la misma manera, los niveles de inseguridad debido a accidentes y enfermedades son alarmantes, especialmente por las altas tasas de informalidad en las empresas (que carecen de seguridad social y contratos colectivos)
El trabajo doméstico remunerado es una ocupación casi exclusivamente femenina y una importante fuente de empleo pero no se reconoce el derecho a un contrato escrito y tiene un salario mínimo inferior al resto de los trabajadores.
Un problema particularmente alarmante es el caso de los trabajadores en zonas indígenas, y de migrantes y jornaleros, así como el uso de empleo infantil y de las mujeres en estos casos.

En resumen pude decirse que en México, la violación de los derechos sindicales es generalizada
Uno de los instrumentos recomendadnos por la OIT para enfrentar estas situaciones es el diálogo social. Pero, para que éste sea relevante y tenga resultados, se requiere la presencia de organizaciones de trabajadores y empleadores “sólidos e independientes, con la capacidad técnica y el acceso a la información necesaria; voluntad política y compromiso de las partes interesadas; respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva y un apoyo institucional adecuado” (Solari). Por ello, en México, las iniciativas para crear este tipo de instancias han tenido poco o nulo éxito.

Hacer que se cumplan los derechos laborales bajo un enfoque de derechos humanos plantea la interrogante sobre cuál sería el papel del Estado en este sentido. Encontramos las siguientes:

Obligación de respetar: los órganos del Estado no deben violar ni por acción ni por omisión los derechos económicos y sociales, en este caso, el derecho al trabajo, la alimentación, la salud y los derechos sindicales, que son una condición para hacer efectivos los demás.
Obligación de proteger: deben evitar que terceros (como las empresas, los sindicatos y otros) los violenten.
Obligación de garantizar: deben organizar el aparato estatal con miras a hacerlos efectivos.
Obligación de satisfacer o tomar medidas para que las personas ejerzan sus derechos, considerando la obligación de prevenir las violaciones, investigar las que se cometan; sancionar a los autores y reparar los derechos de los afectados por dichas violaciones.

En resumidas cuentas, dos cuestiones insuficientemente atendidas por la política laboral resultan cruciales para lograr mejores resultados que los que se han conseguido hasta ahora. En primer lugar, se trataría de fortalecer la aplicación de los derechos (enforcement). Dada la dificultad que tienen los trabajadores en lo individual para reclamar sus derechos durante la vida de la relación laboral (ya que las reclamaciones ante la justicia tienden a presentarse al fin de la relación laboral, dejando en la impunidad la mayor parte de las violaciones), la política laboral debería impulsar una mayor fiscalización por parte de la autoridad. Ello se haría con propósitos preventivos, disuasivos y, en su caso, punitivos y de reparación del daño. Además se deben reconocer plenamente los derechos colectivos y hacer efectivas las garantías para el acceso a una justicia imparcial y oportuna ya que, como hemos señalado, aquí residen fallas mayores.

En segundo lugar y vinculado a lo anterior, debe destacrse la necesidad de hacer posible la participación de una pluralidad de actores de la sociedad dotados de legitimidad y representatividad —especialmente de los trabajadores inscritos en sindicatos con autonomía y recursos institucionales de poder, junto a las organizaciones de la sociedad civil— en la formulación, implementación y evaluación de la política laboral.

Superar el abismo entre los diagnósticos que provienen del mundo empresarial y de los sindicatos, especialistas y defensores de los derechos laborales y vencer la hostilidad ante los sindicatos independientes y verdaderamente representativos por parte de los gobiernos y los empleadores son parte de los retos más importantes a enfrentar. Se trata de una condición necesaria para hacer posible un nuevo enfoque de gobernanza con la participación de la sociedad en la definición, puesta en marcha e implementación de la política laboral, así como para encontrar las salidas a las limitaciones que supone el modelo económico exportador. Esto último exigiría también dar mayor espacio y recursos para hacer posible la intervención de los ministerios de trabajo en la definición de las demás políticas macroeconómicas y sectoriales.
(Fin de las notas)