El país que queremos

#MxPueblosIndigenasHoy

Retos pendientes de los derechos de los pueblos indigenas y originarios.

I. Antecedentes

La situación actual de los pueblos indígenas en México solo puede ser comprendida como el resultado histórico del proceso que comenzó con la llegada de los españoles hace más de cinco siglos, mediante el cual se los despojó de los territorios que habitaban, de sus espacios de reproducción social y también de su propia cultura, cosmovisiones y modos de vinculación con la naturaleza. Esta irrupción significó la pérdida de la “territorialidad política”, de la soberanía sobre sus territorios, lo que inauguró la exclusión y marginación histórica de los pueblos originarios en nuestro país.

Hace cinco siglos, los colonizadores españoles justificaron la ocupación del territorio que hoy habitamos, con el enunciado “terra nullius”, es decir, ausencia de población o bien territorios habitados por “bárbaros”. Durante la Colonia se crearon instituciones destinadas a explotar y aprovechar el trabajo de los pueblos originarios. Con la consolidación del Estado Nacional y la adopción de marcos jurídicos que privilegiaron las formas privadas de propiedad se estableció la primacía del derecho individual por sobre el colectivo, lo que inició un proceso de integración cultural invisibilizando la diversidad étnica de la población originaria de México. Hacia mediados del siglo XIX, las necesidades de la geopolítica y la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas afectaron nuevamente los territorios de los pueblos indígenas.

A mediados del siglo XX, tuvo lugar un nuevo proceso de despojo de sus territorios, con graves consecuencias sobre sus condiciones de vida, como la presión extractiva sobre los recursos naturales por parte de las empresas nacionales y transnacionales y la ejecución de grandes obras civiles como las presas hidroeléctricas con impactos negativos sobre los ecosistemas, sucesos que han ido agravando el cuadro histórico de vulnerabilidad de los pueblos originarios. El último y más reciente suceso, es la apropiación de los conocimientos tradicionales, la biodiversidad asociada a estos y los recursos genéticos es el corolario de este extenso proceso histórico de despojo de los pueblos indígenas de México y de América Latina. Sin embargo, en cada uno de estos episodios hubo resistencia indígena, recordemos la más reciente por el Ejercito Zapatista en Chiapas en 1994, hasta la instauración de nuevos arreglos políticos entre el Estado y los pueblos indígenas, como es el caso de la modificación del Artículo 4º en 1992 y el Artículo 2º en el año de 2002.

II. Derechos de los pueblos indígenas: instrumentos internacionales

La lucha de los pueblos indígenas por la defensa y el reconocimiento de sus derechos han sido persistentes en la historia de nuestro país y América Latina. Este prolongado proceso de reivindicación y reconocimiento se ha plasmado en las últimas décadas en un marco de derechos que se fundamenta en dos grandes momentos: en 1989 el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales Nº169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce por primera vez sus derechos colectivos, y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU), sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que plantea el derecho de dichos pueblos a la libre determinación. El estándar mínimo de derechos de los pueblos indígenas, obligatorio para los Estados miembros de la ONU, se articula, a su vez, en cinco dimensiones: el derecho a la no discriminación; el derecho al desarrollo y el bienestar social; el derecho a la integridad cultural; el derecho a la propiedad, uso, control y acceso a las tierras, territorios y recursos naturales; y el derecho a la participación política.

Las Naciones Unidas ha sido pionera en el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Desde la creación del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en 1982 han desarrollado una amplia gama de actividades y políticas como parte de su agenda, que culminan en el presente siglo tanto en el establecimiento del Foro Permanente de los de las Cuestiones Indígenas (2000), como en la designación en 2001 de un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

A esto deben sumarse los acuerdos internacionales que se han venido alcanzando desde los años noventa, entre los más destacados, la Cumbre para la Tierra (Río de Janeiro, 1992), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995). Sin duda, han representado un antes y un después en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo la dignidad inherente y la contribución única de estos al desarrollo y la pluralidad de la sociedad.

En el plano latinoamericano cabe resaltar también los acuerdos gubernamentales logrados por los países de América Latina y el Caribe en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (Montevideo, 2013), plasmados en el denominado Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que incluye un capítulo específico relativo a los derechos de los pueblos indígenas y que guiará la agenda para el desarrollo después de 2015 en estos asuntos.

El Convenio Nº169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989), de la OIT, tuvo un enorme impacto en las reformas constitucionales de los países en América Latina desde 1987, en lo que se refiere a los derechos de los pueblos originarios de la región.

III. Derechos de los pueblos indígenas: avances en la legislación mexicana

Los pueblos indígenas han ido posicionando sus derechos en la legislación y la institucionalidad del Estado Mexicano, en un proceso dificultoso, que continúa en el presente. En efecto, en la última década se han dado avances en la promulgación de leyes y decretos, en diferentes ámbitos y con diversos alcances en los estados. La reforma a la Constitución Federal en 2001 que reconoce en su Artículo 2º los derechos de los pueblos indígenas, se dio en un controvertido proceso legislativo, sin embargo por primera vez desde que se formó el Estado mexicano, se reconoce a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos como parte fundante de la nación, no se trató de un proceso para reformar una ley que otorgara más derechos individuales a las personas que pertenecen a un pueblo indígena sino, de reconocer nuevos sujetos de derechos con derechos específicos. “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación”. La autonomía, como expresión de la libre determinación, permite adoptar decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con la cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización sociopolítica, administración de justicia, educación, idiomas, salud, medicina y cultura de los pueblos indígenas”.

Una experiencia de ejercicio de autonomía indígena se observa en Oaxaca donde se ha reconocido al municipio indígena como espacio jurisdiccional para que los pueblos indígenas ejerzan los derechos autonómicos. De los 570 municipios de Oaxaca, 418 se rigen por el sistema de usos y costumbres que está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La relación de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos naturales constituye un elemento esencial del derecho a la libre determinación; para estos, es fuente de identidad cultural, conocimientos y espiritualidad y se relaciona estrechamente con su supervivencia. Sin duda, la reforma constitucional ha constituido el marco idóneo para reconocer y profundizar los procesos de autonomía indígena. La autonomía se traduce en la elección directa de autoridades, la administración de recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, por los órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción.

Si bien las constituciones de Oaxaca, Chihuahua, Campeche Querétaro, Hidalgo, San Luis, Puebla Potosí, Sonora, Jalisco, Estado de México, Durango, Veracruz, Michoacán, Morelos y Nayarit, han incorporado los derechos de los pueblos indígenas, el cumplimiento ocurre con contradicciones e incluso retrocesos, y las brechas en la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, plasmados en la constitución y legislaciones estatales, continúan siendo críticas.

 

IV. Situación actual y nuevas perspectivas de la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo de sus territorios.

El deber estatal de consulta a los pueblos indígenas en temas relacionados con su desarrollo, tierras y recursos forma parte del ordenamiento jurídico actual. De acuerdo con el Artículo 2º el Estado debe garantizar su consentimiento libre e informado en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.

El regreso a una economía extractiva de materias primas (reprimarización) ha ocasionado fuertes presiones sobre los territorios de los pueblos indígenas, desencadenado numerosos conflictos que se han convertido en el corolario de las prolongadas disputas indígenas. Si bien el cambio constitucional es un avance en este siglo sobre los derechos de los pueblos indígenas las brechas persisten y las desigualdades continúan siendo profundas.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta México en su búsqueda de la igualdad es la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas entre las prioridades de las políticas públicas. Los retos son enormes, si se considera que entre los más pobres son los pueblos y comunidades indígenas quienes muestran los indicadores más agudos de pobreza y marginación, además de los índices más desfavorables de desarrollo humano en el país. Así lo indica el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL), al destacar que de una población indígena estimada en alrededor de 7 millones, 4.4 millones enfrentan rezago educativo, poco acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda (espacios y servicios) y alimentación, así como una alta presencia en centros urbanos. A esto se agrega que la reprimarización de la economía a desencadenado numerosos conflictos socio-ambientales todavía no resueltos.

Asimismo, consideramos que es necesario rediseñar los equilibrios entre el Estado, el mercado y la sociedad para construir pactos en que concurran aquellos actores que garanticen acuerdos políticos de largo alcance. Con estas premisas es indudable que los pueblos indígenas deben ser incluidos en tales pactos, y que estos requieren abrir espacios para avanzar más rápidamente en la aplicación de políticas públicas acordes con el cambio constitucional. Uno de los principales desafíos en esta materia es la integración de los derechos de los pueblos indígenas en un nuevo modelo de manejo de los recursos naturales. Se trata de transitar desde los “nuevos tratos” hacia los “nuevos pactos más sólidos para la paz de México.