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#MxTerritorioHoy

Territorio integrado y sustentable

El territorio, dimensión geográfica de la nación que integra junto con la sociedad y su forma de organización al Estado Mexicano, ha sido ocupado y explotado obedeciendo las consignas de los intereses económicos dominantes en los distintos momentos de la historia, sin la menor conciencia del valor que entraña conservar la diversidad biológica ni de la importancia de contar con un orden elemental en el asentamiento de los grupos sociales y en la compleja relación que guarda la gran diversidad de actividades al ocupar el territorio. Prevalece el concepto de libre mercado, es decir dominar la naturaleza y el territorio para convertirlos en mercancía.

México está conformado por múltiples territorios que presentan características particulares al combinar la dimensión físico-ambiental con la social y la económica. De forma agregada podemos hablar de tres grandes regiones que muestran un grave desequilibrio: el norte, que concentra inversiones y ofrece condiciones de modernidad; el centro, estancado, donde se concentra la mayoría de la población urbana y se agudiza el desempleo; y el sur, caracterizado por el abandono, la ausencia de inversiones, la pobreza extrema y la profunda alteración de la naturaleza.

A pesar de estar entre los de mayor biodiversidad en el mundo, el territorio mexicano está devastado, con muchas especies de flora y fauna en peligro de extinción, alto grado de contaminación en la mayoría de sus cuencas hidráulicas, acuíferos sobre explotados, extensas zonas deforestadas y erosionadas, desertificación creciente y una distribución de la población que agudiza los desequilibrios regionales.

La crisis ambiental plantea un cuestionamiento de los fundamentos de la racionalidad económica. De allí han surgido diferentes respuestas, desde las filosofías de la naturaleza hasta los nuevos movimientos sociales que buscan integrar la democracia participativa, la descentralización económica y la reapropiación de la naturaleza como un sistema ambiental productivo. En cambio, para los actores económicos dominantes, la protección del ambiente es considerada como un costo y condición del proceso económico, cuya “sostenibilidad” gravita sobre los principios de su racionalidad mercantil-mecanicista y su valorización de corto plazo. Sin un nuevo modelo para orientar el desarrollo, las políticas ambientales seguirán siendo subsidiarias de las políticas neoliberales y los esfuerzos por la sustentabilidad seguirán limitados a mínimas acciones de mitigación y al pago de los impactos ambientales que no restaura los daños irreversibles.

En la actualidad, a partir de los datos de INEGI 2010, el 56% de la población habita en 56 zonas metropolitanas, donde se genera el 61% de la producción nacional y se concentran las inversiones y la riqueza, pero también la carencia de vivienda, empleo y servicios, altos índices de congestión vial, contaminación y delincuencia, que se alejan de cualquier normatividad establecida y cuya huella ambiental afecta a la totalidad del territorio nacional.

En once de estas zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes, habita la tercera parte de la población del país y se enfrentan problemas que ponen en riesgo la gobernabilidad, ante la ausencia de coordinación metropolitana y el abandono de la planeación como forma de orientar y ordenar la ocupación del espacio, para dejarla en manos del mercado.

El 19% de la población vive en ciudades medias y pequeñas, que en su mayoría carecen de la masa crítica para generar un desarrollo propio y subsisten de una mezcla de actividades comerciales y de servicios, complementadas con algunos enclaves industriales y turísticos que aprovechan y destruyen los recursos naturales sin generar una derrama de empleos ni beneficios para la población local y donde las cadenas de empresas transnacionales obtienen y exportan las ganancias.

En el otro extremo, una cuarta parte de la población está asentada en más de 150 mil localidades menores de 2,500 habitantes, con importante presencia de población indígena, dispersas en el amplio territorio nacional, que presentan patrones de economía de subsistencia, que no disponen de la infraestructura ni de los equipamientos o los servicios más elementales; que subsisten del cultivo de temporal de pequeñas parcelas con muy baja productividad, sin acceso a la nueva tecnología y cuyos pequeños excedentes son comercializados por intermediarios que se quedan con la mayor parte de las ganancias.

No menos importante es la presencia creciente del crimen organizado en todo el territorio nacional con efectos que van desde el masivo lavado de dinero en grandes inversiones inmobiliarias, hasta el desplazamiento de población que busca refugio en las zonas urbanas de México o migra a los Estados Unidos en busca de empleo y seguridad, provocando la ruptura de patrones culturales y la pérdida de valores sociales en amplios territorios donde los poderes públicos no tienen vigencia.

Al interior de las ciudades, la polarización económica y social contrasta los barrios residenciales, bien dotados de infraestructura y servicios, con amplias zonas donde se hacina la población empobrecida y desempleada, sin recursos ni servicios, donde se pierde la cohesión social y se incuban la delincuencia y la drogadicción. La segregación de las nuevas viviendas de interés social en conjuntos cerrados, dispersos, fuera de la continuidad del tejido urbano, carentes de equipamientos, que son producto de la especulación con el valor del suelo, agudiza la confrontación social y multiplica los efectos perversos de congestión vial, contaminación ambiental, costos y tiempos crecientes para la operación de las ciudades y pérdida de calidad de vida en ellas.

Aunque para ordenar el uso y aprovechamiento del territorio el país cuenta con un marco jurídico amplio, éste acusa limitaciones y lagunas importantes y en su puesta en práctica los gobiernos han sido rebasados por la velocidad y magnitud del poblamiento. Avasallados por la expansión urbana y sujetos a las políticas neoliberales, muchas administraciones locales y la federal han abandonando su papel normativo y regulador para hacer ciudad con sentido social y colectivo, al propiciar los negocios inmobiliarios especulativos que no asumen los costos de las externalidades ni los impactos en el medio ambiente, y al permitir y con frecuencia promover con los partidos políticos los asentamientos irregulares, de cuya regularización obtienen importantes dividendos políticos.

Por su parte, la estructura sectorial, tradicional en la administración pública mexicana, impide la visión territorial integrada, de manera que cada sector establece sus propias políticas y acciones, invierte sus recursos, y toma decisiones de carácter territorial que se contraponen o duplican con las de otros sectores, dando por resultado ciudades desestructuradas, ineficientes y costosas y un medio ambiente en deterioro creciente que pone en peligro la sustentabilidad futura del país. En este contexto, la planeación se considera un ejercicio inútil que estorba las decisiones políticas e impide el libre juego de las fuerzas del mercado.

Remontar esta situación exige un esfuerzo planificado y sostenido que parta de una sociedad consciente, informada y capacitada para asumir la defensa de sus derechos y cumplir con sus obligaciones y responsabilidades sociales, y un gobierno que entienda y asuma su función de conductor y coordinador del proceso de desarrollo, dispuesto a rendir cuentas a la sociedad sobre su desempeño.

En la perspectiva de un México para todos, el primer paso es repensar el vínculo del ser humano con la naturaleza y el territorio en términos de una convivencia armónica, no depredatoria ni expoliadora. Una relación equilibrada que exige una determinada conciencia de gobierno y ciudadanos.

Es necesario elaborar y aplicar una política estratégica de largo plazo para revertir paulatinamente las desigualdades del desarrollo regional y urbano, con la participación concertada de los tres ámbitos de gobierno, los órganos legislativos y las sociedades locales. Ella es parte esencial de la construcción del federalismo equitativo y de la equidad distributiva en su expresión territorial.

Para lograr el equilibrio regional es necesario aprovechar el potencial propio de las diversas regiones del país en beneficio de la población local, capitalizando las ventajas de su localización estratégica; promover la integración sustentable de las economías regionales y locales; revisar y rediseñar la estructura carretera, ferroviaria y aeroportuaria en función de las necesidades de comunicación interna y de distribución de la producción nacional. El establecimiento de asociaciones regionales de desarrollo podrá compensar las debilidades de los gobiernos locales y hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos.

Una reforma fiscal con equidad y sentido social deberá fortalecer las finanzas locales para permitir que los municipios cumplan con las funciones que la legislación les confiere; es prioritario también establecer fondos compensatorios para las regiones y los municipios con menor desarrollo relativo y aportaciones económicas a los estados y municipios por el aprovechamiento y explotación de sus recursos naturales con base en estudios rigurosos que definan los límites adecuados para su conservación. Fortalecer la aplicación de impuestos locales mejorará la captación de recursos y las finanzas y por ende la autonomía municipal.

Es imprescindible aprovechar el territorio nacional y las condiciones naturales para garantizar la autosuficiencia alimentaria, la producción agropecuaria y forestal, y elevar el nivel de bienestar de los campesinos, sin poner en peligro el equilibrio ecológico y la preservación de la biodiversidad para las generaciones futuras; rescatar los recursos energéticos bajo el control del Estado explotándolos racionalmente, sustituir paulatinamente la exportación de crudo por la de productos elaborados y desarrollar la utilización de fuentes alternas de energía.

De los países tropicales del tercer mundo emerge un nuevo paradigma productivo, basado en el potencial ecológico de su geografía y en la pluralidad de sus identidades étnicas. Este paradigma ambiental promueve la sustentabilidad desde sus bases ecológicas y culturales, a través de la descentralización de la economía hacia las regiones y la diversificación de los estilos de desarrollo, movilizando a la sociedad por la reapropiación de su patrimonio de recursos naturales y la autogestión de sus procesos productivos.

El manejo eficiente del agua evitará el desperdicio y disminuirá la contaminación, introduciendo sistemas de riego con tecnología avanzada y reduciendo la sobreexplotación de los acuíferos mediante la captación y aprovechamiento de la precipitación pluvial, la separación y tratamiento de aguas negras y pluviales, la reutilización de aguas tratadas, la eliminación de fugas en las redes, el establecimiento de volúmenes máximos de consumo y tarifas progresivas que permitan el subsidio cruzado para los usuarios de menores consumos.

En muchos casos, los movimientos ambientales son luchas de resistencia y protesta por la marginación y la opresión, la defensa de los derechos culturales, el control de los recursos naturales, la autogestión de los procesos productivos y la autodeterminación de las condiciones de existencia. Estas luchas vinculan  la erradicación de la pobreza, la sustentabilidad y la democracia; se enlazan con la reivindicación de sus identidades culturales, la reapropiación de conocimientos y prácticas tradicionales y el derecho de las comunidades a establecer estilos alternativos de desarrollo. Son, por tanto, una fuerza social que debe ser apoyada y vinculada a los procesos de cambio que se proponen.

Un nuevo modelo de desarrollo implica ajustar la legislación sobre Planeación Democrática, Asentamientos Humanos, y Programación y Presupuesto, para garantizar que la asignación territorial del gasto obedezca a una visión integral del desarrollo y no a enfoques coyunturales, pragmáticos y parciales resultantes de la división sectorial de la administración pública, reglamentando, ampliando y dando carácter vinculatorio a la participación social en estos procesos al incorporar figuras como el presupuesto participativo.

Debemos modificar los sistemas catastrales y la forma de aplicarlos para detectar y sancionar la evasión fiscal, haciendo coincidir los criterios impositivos con la política de desarrollo urbano y regional, y establecer el catastro con base en el uso autorizado del suelo para castigar la especulación y hacer más eficiente la operación urbana.

Por otra parte, es indispensable crear instrumentos que capten la plusvalía del suelo que la sociedad en su conjunto genera, incrementando en estos casos los costos de permisos y licencias y el valor del impuesto a la compra-venta de inmuebles aplicado al diferencial entre el precio de compra y el de venta; así mismo, es necesario distribuir los costos de la construcción de infraestructura entre los predios beneficiados y aplicar un impuesto creciente a los lotes baldíos en función de los usos del suelo y la intensidad de construcción permitidos en los planes correspondientes.

La realización de megaproyectos ejemplificados por la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y las explotaciones de yacimientos minerales, obedecen en la mayoría de los casos a intereses particulares y atropellan las precarias condiciones de los territorios en que se ubican; en una situación de carencia de recursos es indispensable definir con claridad las prioridades nacionales poniendo por delante el beneficio social, la preservación ambiental y la generación de empleo, por lo que estas grandes inversiones deben ser sometidas a la aprobación legislativa, con procesos previos suficientes de participación y consulta ciudadana democrática.

Se debe hacer un esfuerzo significativo para promover modificaciones a la Constitución para establecer instancias de coordinación para el gobierno de las metrópolis que permitan la acción concurrente de las autoridades en las áreas urbanas de mayor complejidad del país, cuya existencia no era previsible en 1917; revisar el artículo 27 constitucional para garantizar el acceso legal de la población al suelo urbano; y modificar la legislación sobre Asentamientos Humanos y Equilibrio Ecológico para lograr una visión territorial integrada que evite la duplicación y superposición de acciones y la falsa separación entre medio natural y medio urbano; esfuerzo  que en el pasado se ha topado con los intereses empresariales y las visiones conservadoras.

Para un eficiente gobierno de las metrópolis, es necesario crear Consejos Metropolitanos formados por las autoridades electas de los territorios integrados en la zona metropolitana correspondiente, con todas las atribuciones de decisión en el ámbito metropolitano. La planeación del desarrollo regional y urbano debe ser integral, asumida como un proceso continuo, realizada por instancias públicas especializadas, democráticas, elaborada con la participación activa y representativa de los ciudadanos del ámbito territorial, y aprobada como ley por el órgano legislativo respectivo.

El desempleo estructural y la creciente informalización son factores claves de la inequidad y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de las ciudades, y la rápida desindustrialización en curso es una de sus principales causas; avanzar en la equidad y la integración urbana requiere revertir paulatinamente la informalidad y aumentar el empleo urbano estable y bien remunerado, por lo que hay que elaborar y aplicar políticas de reindustrialización urbana social y ambientalmente sustentables.

El Estado debe anticiparse al intenso proceso de metropolización, para ordenar el crecimiento de las ciudades y ofrecer condiciones adecuadas a la producción, la convivencia y la reproducción social, aplicando una política preventiva que disminuya la vulnerabilidad y los efectos de los desastres en el territorio.

Una forma de alcanzar la equidad en las ciudades consiste en garantizar el acceso de toda la población a los servicios públicos, haciendo una distribución equilibrada de ellos en el territorio urbano. La infraestructura vial y la prestación de los servicios públicos básicos de agua, drenaje, disposición final de desechos sólidos y energía eléctrica deben mantenerse como propiedad de la nación y bajo la operación y control del Estado. Los esquemas de tarifas aplicados a los servicios públicos de agua y energía eléctrica deben garantizar su progresividad en función de la magnitud y el tipo de consumo, y establecer subsidios cruzados para lograr la autosuficiencia y la equidad.

Para garantizar el sano desarrollo de las ciudades es necesario disponer de tierra para el crecimiento urbano a través de oferta legal al alcance económico de los pobladores, aplicando para ello los recursos legales y administrativos de que dispone el gobierno. Será preciso vigilar que las dependencias públicas y los particulares cumplan los planes y normas que regulan el uso del suelo.

Es urgente lograr el equilibrio entre los usos urbanos y las áreas verdes, del cual depende la capacidad de recarga de los acuíferos. Debemos igualmente valorizar la prestación de servicios ambientales para proteger el equilibrio ecológico y establecer usos intensivos compatibles con la preservación ambiental para evitar la expansión de la frontera urbana.

La práctica de densificar las áreas ya urbanizadas permitirá reducir la presión sobre el suelo de conservación, necesario para mantener la sustentabilidad ambiental. Esta política debe obedecer a planes específicos que incluyen todos los elementos y aspectos para lograr una adecuada calidad de vida en las áreas involucradas, priorizar el aprovechamiento de los terrenos baldíos, garantizar la sustentabilidad urbana y asegurar a sus residentes originales la permanencia en las áreas intervenidas.

Los programas de mejoramiento social y urbano deben privilegiar cuantitativa y cualitativamente a las colonias, barrios y pueblos de residencia de los sectores de más bajos recursos, precarios y tugurizadas, para tender a la solución de las causas de la violencia y de su deterioro social, físico, ambiental y de su espacio público.

El control del uso del subsuelo y del espacio aéreo es también indispensable, tanto por sus implicaciones operativas como por su necesaria aportación fiscal.

La política de accesibilidad y movilidad tiene que ser componente fundamental de una estrategia integrada de desarrollo, que no se circunscriba a lo sectorial o a las competencias locales y regionales; la buena dosificación de los usos del suelo sumada a la densificación, y la ubicación equilibrada de las centralidades y los corredores terciarios urbanos puede disminuir el número y la distancia promedio de los viajes. Privilegiar el transporte colectivo sobre el individual implica, además de canalizar los recursos disponibles a la construcción de sistemas de transporte colectivo rápido, eficiente, cómodo y seguro, aplicar costos crecientes al uso privado de la vialidad, para evitar el estacionamiento en la vía pública y la congestión de las calles, a lo que contribuirá también la peatonalización de áreas comerciales de actividad intensa y el uso de la bicicleta y otros modos de transporte no contaminante, como el metro, el tranvía y el trolebús.

Para ordenar el territorio no basta con la inversión pública, es necesario inducir y estimular la inversión privada y, sobre todo,  social de acuerdo con los planes establecidos legalmente, y buscar esquemas de inversión mixta cuando ésta implique el beneficio social. El desarrollo urbano es compatible con la preservación ambiental; es posible controlar y disminuir sus impactos mediante la aplicación estricta de una normatividad adecuada y socialmente concertada. Pero el bienestar colectivo y el interés público deben tener la primacía sobre el interés privado e individual, por lo que este último, en particular el capital inmobiliario-financiero está obligado a respetar y cumplir en todas sus acciones las regulaciones que emanan de la  planeación y el conjunto de la normatividad urbana, para cuyo efecto debe instaurarse un sistema eficaz de justicia urbana y denuncia ciudadana.

El espacio público es el soporte de la movilidad urbana, insustituible para la convivencia de los ciudadanos y su libre apropiación es sustantiva para la democracia, por lo que hay que revertir su multiforme privatización para hacer vigente la garantía constitucional de libre tránsito y libre apropiación por la ciudadanía; por ello, es necesario regular y reordenar su uso por las actividades formales e informales.

La reivindicación, promoción y fortalecimiento cultural y conservación de la riqueza patrimonial constituyen una de las palancas y ventajas más apreciadas dentro de la concurrencia globalizada; pero esta reivindicación resulta crucial no solo por los banales objetivos de la promoción económica, sino por su significado en el fortalecimiento de la identidad local y de la apropiación y uso colectivo de los espacios y monumentos comunitarios.

Si aspiramos a contar con una sociedad consciente, comprometida, responsable y participativa es urgente que establezcamos programas de información y capacitación para lograr que un número progresivamente mayor de ciudadanos participe de forma organizada en las decisiones que les afectan. Estos programas deberán implantarse tanto en el ámbito escolar como en los lugares públicos y a través de los medios de comunicación, para que los mensajes sean accesibles a la población abierta. La formación de servidores públicos es otro factor clave para mejorar la calidad, eficiencia y honestidad en la prestación de los servicios.

Debemos transitar de la voluntad ciega de capitalizar a la naturaleza a través del mercado, a la descentralización basada en principios no mercantiles (potencial ecológico, equidad, justicia social, diversidad cultural y democracia); la sustentabilidad se define a través de significados y prácticas sociales y de estrategias políticas diferenciadas.

Aunque no lo agotan, estas estrategias tienden a garantizar a todos los habitantes del país el derecho a la ciudad, el cual debe ser integrado a la Constitución Mexicana, incluyendo las instituciones obligadas a garantizarlo, su carácter vinculatorio para los gobernantes y su exigibilidad judicial por todos los ciudadanos.

Vivienda digna y suficiente.
La vivienda adecuada es una necesidad básica de las familias y los individuos, un derecho humano y social consagrado en la Constitución, y una condición para garantizar los derechos a la ciudad, a la alimentación y la salud. Al mismo tiempo, es una parte sustantiva e inseparable del desarrollo urbano. La vivienda ocupa la mayor parte del suelo urbano y para que cumpla su función social depende de los otros usos del suelo en los  que se ubican las actividades generadoras de empleo y de otros satisfactores sociales indispensables para la convivencia humana y el desarrollo de la cultura, el conocimiento, la educación, salud y recreación, así mismo requiere de la disponibilidad de infraestructura y servicios públicos: vialidad y transporte, agua y drenaje, recolección de desechos sólidos, electricidad y otros energéticos.

La penuria cuantitativa y cualitativa de vivienda ha sido una de las constantes del acelerado proceso de urbanización vivido por el país desde mediados del siglo pasado, lo cual la ha colocado como uno de los factores más importantes de organización y movilización ciudadana y de conflicto político  y por otra parte ha constituido la justificación de la producción masiva de viviendas mediante esquemas mercantiles al margen de la normatividad urbana, ubicadas en las periferias lejanas de las ciudades, que no cumplen con los requisitos mínimos señalados, causa de su abandono experimentado en años recientes. Todo ello coloca a la vivienda en el centro de los problemas a enfrentar por el Estado y la sociedad mexicanos en la construcción de un nuevo proyecto de nación.

En la actualidad, las dos terceras partes de los nuevos hogares que se forman en México se ven excluidos, por su nivel de ingreso o la precariedad de su empleo, de los programas públicos de adquisición de vivienda de interés social y de los subsidios otorgados por el gobierno federal supuestamente destinados al apoyo de la población de menores recursos.

En México, la mayor parte de la población resuelve su necesidad de vivienda por medio de la autogestión, este proceso de producción social experimentado durante largos años ha demostrado grandes ventajas frente a la producción industrial en términos de flexibilidad y adecuación a la capacidad económica de los pobladores, sin embargo muchas veces se lleva a cabo sin seguir normas mínimas de seguridad y habitabilidad, en asentamientos altamente precarios, ilegales o irregulares, sin servicios y en lugares con graves problemas medioambientales, de accesibilidad y riesgo. Por otra parte, en el marco de una escasez crónica de oferta de vivienda en renta, alquilan a precios especulativos, ya sea viviendas en lugares centrales tugurizadas, cuartos en colonias populares periféricas, o viviendas de interés social adquiridas por acaparadores que trafican con el subsidio público.

Si bien la progresividad en el proceso de construcción de la vivienda logra con el tiempo y el esfuerzo familiar viviendas más amplias y cómodas que las ofrecidas institucionalmente, lo que no puede resolverse progresivamente es la localización; la imposibilidad de acceso al suelo debida a la especulación inmobiliaria requiere de la intervención del estado en el mercado del suelo, tanto por la vía fiscal como por la de normatividad urbana y medidas de apoyo financiero y subsidio al suelo para garantizar el derecho a la ciudad y la vivienda.

En el campo, la situación de la vivienda también es deplorable, por lo precario de su construcción: –espacio insuficiente y hacinamiento, materiales inadecuados y falta de equipamientos–, la carencia o mala calidad de la infraestructura y los servicios básicos de agua potable, drenaje y energía eléctrica, y la ausencia o mala calidad de los servicios sociales de educación y salud en los miles de pequeñas localidades rurales debida en gran parte a la dispersión que responde a la atomización de la propiedad rural y a la baja productividad de las parcelas. No existen políticas gubernamentales adecuadas para arraigar a la población, ofrecer condiciones de ingreso, vivienda y equipamiento para enfrentar esta situación.

La política habitacional, asimismo, se inscribe dentro de las políticas privatizadoras muchas veces inducidas por instancias internacionales que promueven el abandono de la acción pública, en pro de un “Estado Facilitador” de la iniciativa de los particulares. Se deja a las fuerzas del mercado la oferta de suelo para vivienda y a los desarrolladores inmobiliarios capitalistas la oferta habitacional, limitándose los organismos nacionales de vivienda a ofrecer servicios financieros para la población solvente. Esta orientación de la política urbana es excluyente, genera condiciones habitacionales inhumanas y desequilibrios urbanos y medioambientales insostenibles.

La transición demográfica en la que se encuentra el país, además de generar importantes necesidades de empleo, produce una creciente demanda de suelo urbano y de vivienda, debido al fuerte incremento en la formación de hogares. Durante los próximos treinta años, mientras la población crecerá en un 26.5%, los hogares lo harán en un 88.5%; lo que implica construir del orden de 20.5 millones de viviendas de aquí al año 2030. En promedio, se requerirán anualmente 720 mil nuevas viviendas, además de los espacios para la producción y el comercio, los equipamientos y servicios indispensables para un crecimiento urbano integral. En las principales ciudades del país, la satisfacción de esta demanda implicará la urbanización de alrededor de 450 mil hectáreas, más de la mitad de la superficie actual del sistema urbano nacional.

La lucha contra la pobreza, por la equidad distributiva y la inclusión social, por el derecho a la ciudad, pasa por el mejoramiento sustancial de la habitabilidad y las condiciones materiales de vida en las viviendas rurales y urbanas y en las colonias o localidades donde se ubican.

Una política habitacional incluyente no puede limitarse a la construcción de unidades nuevas; debe incluir integralmente la reutilización, ampliación, mejoramiento y conservación de las viviendas existentes, creando instrumentos financieros, de comercialización de materiales, instancias de asesoría técnica y esquemas de financiamiento adecuados, sobre todo en el caso de los sectores populares.

Debe impulsarse una política habitacional alternativa, que reconozca que la vivienda es, antes que una mercancía, una necesidad básica y un derecho humano de toda persona a un lugar donde vivir dignamente. Este derecho incluye la disposición de infraestructura y servicios públicos y sociales que garanticen el acceso a otros derechos como a la alimentación, la educación y la salud, y aseguren la habitabilidad del entorno. La política habitacional debe incluir, por tanto, al adecuado ordenamiento de su entorno y la disposición en él de estos satisfactores.

Para ello, habrá de revertirse la excesiva desigualdad en la distribución de los recursos, que privilegia los programas de vivienda terminada para una minoría solvente, en detrimento de los programas de vivienda progresiva a los que pueden tener acceso la mayoría empobrecida de la población. Asimismo, el actual sistema de subsidios para la vivienda debe revisarse radicalmente con el fin de otorgar subsidios progresivos, inversamente proporcionales al ingreso de la población beneficiaria, al tamaño de la familia y diferenciados de acuerdo a la localización de la vivienda.

La acción habitacional de todos los actores involucrados debe estar estrechamente vinculada a la planeación territorial y medio ambiental así como con la obra pública. La estrategia consiste en rescatar el papel promotor de vivienda del Estado mexicano, sin el cual se pierde toda posibilidad de vincular la acción habitacional con el desarrollo social, económico, territorial y urbano. Pero el derecho a la vivienda implica, a su vez, el derecho de la población a participar en la elaboración y ejecución de las políticas que conciernen a este derecho fundamental.

La acción habitacional de los organismos públicos de vivienda debe descentralizarse, reconociendo las particularidades estatales y municipales. Es urgente recuperar la función de promoción en la producción de suelo urbano y vivienda que han tenido en el pasado varios institutos estatales del sector.

Para apoyar el acceso de las familias con ingresos inferiores a tres salarios mínimos a una vivienda digna es indispensable modificar los esquemas financieros prevalecientes y complementarlos con subsidios. Un sistema de financiamiento y asesoría a la producción social de vivienda permitirá articular entre sí un conjunto de acciones (y de actores) concurrentes a apoyar el desarrollo ordenado de asentamientos populares y/o de conjuntos habitacionales de bajo costo, mediante: a) la oferta legal de suelo para los pobres; b) la fijación de subsidios, progresivos y transparentes; c) exenciones fiscales para los adquirientes de lotes y viviendas con ingresos inferiores a tres salarios mínimos; d) el reconocimiento y apoyo a organizaciones sociales, cooperativas, OSC, instituciones de profesionistas y académicas dedicadas a la producción social del hábitat.

La creación de un programa financiero para la vivienda popular deberá vincularse con sistemas descentralizados y autogestivos de ahorro y préstamo, que gocen de incentivos y apoyos gubernamentales especiales, con el objeto de captar las sumas multimillonarias que, por el momento, centenares de miles de colonos entregan a “fraccionadores” clandestinos, funcionarios agrarios corruptos, comisariados ejidales, candidatos en campaña y “líderes”.

El derecho a la vivienda no es sinónimo de derecho a la propiedad de la misma. Tiene que diseñarse una política alternativa que promueva la conservación y el incremento del actual parque habitacional en renta, sobre todo en colonias populares para los estratos de bajos ingresos, particularmente en las ciudades con mayores flujos de migrantes (ciudades fronterizas y polos turísticos).

El mejoramiento y ampliación de la vivienda campesina, o su sustitución si es necesario, y el ordenamiento y dotación de infraestructura y servicios sociales de buena calidad, debe formar parte integral de una política de largo plazo para garantizar el derecho a la vivienda digna y suficiente, pues los campesinos e indígenas son sujetos de él.

México DF, 20 de mayo de 2015.